A 30 años de atentado AMIA hay encubrimientos en el caso

Jueves, 18 de julio de 2024

Cuál es el escenario de los distintos frentes judiciales en las investigaciones abiertas vinculadas al atentado.

Por alguna razón, los números redondos siempre pesan más. Hace 30 años, a las 9.53 de ese lunes de frío y sol, una camioneta bomba con más de 300 kilos de explosivos se incrustó en el edificio de Pasteur 633, pleno corazón de Once. Voló la AMIA. Mató a 85 personas. Desde entonces, la sensación de Justicia parece desvanecerse en cada aniversario.

Casi 500 mil páginas se acumulan en los expedientes. A eso se le suma material de inteligencia guardado en cajas de papeles y casetes que podrían ocupar dos kilómetros en línea. Dos juicios orales por el atentado que terminaron en absoluciones, otro juicio por las irregularidades en la causa que condenó a los principales investigadores, una condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y un grupo prófugos iraníes y libaneses que se resisten a entregarse en los tribunales argentinos.

La cantidad de expedientes judiciales derivados del caso principal en el que se investiga el atentado expone el fracaso del Estado argentino en esclarecer lo ocurrido aquel 18 de julio. Las únicas condenas que se dictaron hasta ahora fueron contra los funcionarios que investigaron el caso señalados por encubrir o de cometer delitos durante la instrucción.

La investigación tiene varios frentes y una certeza: que hubo un coche bomba que se estrelló en la sede de la AMIA, ubicada en Pasteur 633, con más de 300 kilos de explosivos. Y también un conductor suicida. Desde la época del ex juez Juan José Galeano, más tarde profundizado por el fiscal Alberto Nisman -muerto en extrañas circunstancias en 2015-, el principal sospechoso fue Irán, a través del Hezbollah.

Hay indicios claves: un comunicado de prensa que se hizo a los pocos días de la explosión en donde una agrupación vinculada a Hezbollah se atribuyó el atentado; y el ascenso que recibió Salman Rauf Salman, conocido entonces como Salman El Reda, en la estructura de la organización. Salman estuvo activo en la Triple Frontera en los días previos al ataque y estuvo en Buenos Aires el día de la explosión. Se cree que fue la persona que activó las células dormidas que concretaron el atentado. Y que estuvo en directa connivencia con el agregado cultural iraní en Buenos Aires, Mohsen Rabbani, quien había montado una inteligencia clandestina para Irán en Argentina. La secretaria privada de Rabbani era la esposa de Salman.

Según la investigación, 14 de agosto de 1993 se habría resuelto en una sesión del Comité de Asuntos Especiales (“Comité Omure Vijeh”), y a instancias de la Oficina de Seguridad e Inteligencia iraní, cometer un atentado en el edificio de Pasteur 633. Se individualizó como participantes del encuentro a un grupo de altos funcionarios de la República Islámica de Irán, con Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asgahri (diplomáticos del país persa en Buenos Aires), en la ciudad de Mashhad, con la consigna de ordenar, organizar y financiar ese atentado por intermedio de Hezbollah.

¿Por qué? La Argentina seguía siendo el lugar perfecto porque “la permeabilidad de sus fronteras (principalmente en la zona de la Triple Frontera), la conocida ineficacia de los sistemas de control migratorio y la verosímil expectativa de impunidad para los autores” con solo ver los pocos avances que había tenido dos años antes el atentado a la Embajada de Israel.

En diálogo con Infobae, el presidente de la AMIA, Amos Linetzky, lanzó una alerta: “Si hicieron un atentado en la Argentina es porque pudieron hacerlo. Y a ese pudieron hacerlo hay que sumarle la falta de justicia y la impunidad que encontraron. Entonces, si a eso le sumamos las falencias, nos preguntamos: ¿estamos mejor que en el 94? Y la respuesta es no. Uno no quiere ser fatalista ni generar pánico, pero claramente no estamos mejor. Las fronteras siguen siendo permeables, la situación en la Triple Frontera sigue siendo incierta”.