Diez cambios que impactarán en la vida de los argentinos

Viernes, 28 de junio de 2024

Después de un largo peregrinaje de casi 6 meses, el Gobierno consiguió finalmente las medidas que calificó como "fundacionales"

Pasaron 201 días desde que Javier Milei juró como Presidente y, finalmente, el Gobierno logró que el Congreso apruebe los dos proyectos que calificó como "fundacionales" para su proyecto político: la Ley Bases y el proyecto fiscal.

Se trata de un conjunto de normas que introduce profundos cambios en prácticamente todas las áreas de la vida cotidiana: desde el pago de impuestos, con las reformas al Impuesto a las Ganancias y el de Bienes Personales, pasando por las relaciones laborales, empleo, obras públicas y hasta el poder de decisión del propio Milei.

El largo peregrinaje del oficialismo para aprobar las normas comenzó en enero, en el período de sesiones extraordinarias, que terminó con el retiro del proyecto por parte del oficialismo luego del rechazo en Diputados de algunos artículos en la discusión particular. Esa situación provocó un "volver a empezar" del oficialismo, que cambió su forma de negociar con la llamada "oposición dialoguista" y, aunque más acotada, consiguió finalmente el apoyo para la sanción de la ley en el Congreso.

Más allá de la política, en la que el extenso debate reconfiguró posiciones tanto en el oficialismo como en la oposición, la Ley Bases y el paquete fiscal provocará cambios en la vida cotidiana de los argentinos, algunos que serán inmediatos y otros que impactarán con el correr del tiempo.

A continuación, las reformas más importantes que impactarán en la vida cotidiana de los argentinos:

Modificaciones en Ganancias y Bienes Personales
El paquete fiscal establece una reversión del impuesto a las Ganancias que había establecido el entonces ministro de Economía Sergio Massa durante la última parte del año pasado, cuando era el candidato presidencial de Unión por la Patria. A partir de ahora, el mínimo no imponible será de $1.800.000 brutos para los solteros y de $2.200.000 para los casados con hijos. Así, con alícuotas que van del 5% al 35%, volverán a pagar este tributo alrededor de 800.000 trabajadores que habían sido eximidos el año pasado. Se podrán deducir del impuesto gastos por alquiler y servicios médicos. La actualización del mínimo no imponible se hará de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En el caso del impuesto a los Bienes Personales, el mínimo no imponible se elevará, eximiendo a quienes posean bienes por debajo de los $100 millones. Las alícuotas disminuirán a un rango entre 0,5% y 1,5%. Además, un régimen especial permitirá adelantar el pago del tributo de cinco ejercicios a una tasa preferencial.

Monotributo
En cuanto a los monotributistas, sus escalas y montos de facturación se incrementarán hasta un 400% desde julio. Las cuotas a pagar subirán en la misma proporción, actualizándose semestralmente según el índice de precios al consumidor. Así, la categoría más baja (A) podrá facturar hasta $6.450.000 anuales -actualmente era de $2,1 millones-, y el monto máximo de facturación para la categoría más alta (K) será de $68 millones.

Por otro lado, se establece un aumento en los importes que pagan mensualmente los monotributistas en concepto del impuesto integrado y de los aportes al régimen jubilatorio y a la obra social. Sumando todos los parámetros, las cuotas a pagar van desde $26.600 (categoría A) hasta $280.734 (categoría H). Hasta ahora, los montos iban de $12.128 a $66.111.

Cambios en la relación con el Estado
La Ley Bases propone un nuevo esquema en la interacción entre los ciudadanos y la administración pública. Según el proyecto, se busca garantizar ciertos derechos a las personas. Bajo el título "eficiencia burocrática", la administración pública no podrá solicitar documentos o informes que ya hayan sido presentados en algún momento, como en el trámite del Certificado Único de Discapacidad, para lo que ya no será requerido presentar una copia del DNI.

Además, si la administración pública no responde ante una solicitud específica en el tiempo estipulado, se activará el "silencio administrativo", otorgándose lo solicitado automáticamente. Esto excluye áreas sensibles como salud pública, medio ambiente y servicios públicos.

Impacto en la situación de los empleados públicos
Los empleados de organismos del Estado sujetos a reestructuración podrán ser puestos en disponibilidad por un máximo de un año. Durante este período, recibirán capacitación o se les asignarán tareas en servicios tercerizados. Si no son reasignados en este plazo, serán desvinculados con una indemnización basada en su mejor salario mensual y su antigüedad.

No serán afectados los empleados que sean delegados sindicales con mandato vigente o que estén de licencia por motivos como enfermedad, accidente, embarazo o matrimonio. Una vez vencida la licencia, podrían ser puestos en disponibilidad.

Además, se prohíben durante el horario laboral actividades vinculadas a campañas electorales y partidistas, y a partir del cumplimiento de los requisitos de jubilación, los empleados podrían ser exhortados a iniciar los trámites previsionales.

Dentro de la Ley Bases se establece que el derecho a huelga no podrá ser tomado como un elemento causal de despido, aunque sí se podrá descontar el día a aquellos empleados que paren.