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La ONU acusó a la Argentina de "violar los derechos humanos"
Martes, 22 de noviembre de 2016
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, alertó sobre las irregularidades en los protocolos para la realización de los abortos legales.
Además, criticó la “cultura machista” y las falencias en los métodos de prevención de ataques contra las mujeres

El aborto no punible, aquel que es producto de una violación o que se debe realizar ante el eventual peligro de vida o de la salud de la madre, se encuentra dentro del marco legal en la Argentina. Sin embargo, el procedimiento para poder recurrir bajo esta vía en el país representa una auténtica pesadilla para la mayoría de las mujeres que lo precisen. De tal modo, la propia Organización de Naciones Unidas (ONU) acusó a la Argentina de "violar los derechos humanos" y "contribuir a la alta tasa de mortalidad materna", debido a las trabas presentes dentro de su protocolo en muchísimas provincias.

La relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, realizó una rueda de prensa tras una visita de siete días al país y denunció las graves irregularidades existentes en el proceso del aborto legal. Asimismo exigió al Gobierno de Mauricio Macri a cumplir con el protocolo existente e impulsar un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

De acuerdo con la representante de la entidad internacional, dos de cada tres provincias argentinas incumplen el protocolo para la realización correcta del aborto legal: Simonovic encontró fallas en los procesos de información y denunció la objeción de conciencia de muchos médicos.


Asimismo, le solicitó al Ministerio de Salud argentino la difusión de información clara en los hospitales que realizan abortos legales y que se ponga firme en la búsqueda de "una justificación estricta para evitar el uso generalizado de la objeción de conciencia por parte de los médicos que se niegan a realizar abortos, considerando en particular la situación de los embarazos recientes como resultado de la violación o el incesto, que puede ser considerado una tortura".

La crítica de la delegada croata se produjo el mismo día en que el Papa Francisco autorizó a los sacerdotes a perdonar a aquellas mujeres que se hayan realizado un aborto.

En la Argentina, unas 80.000 mujeres son hospitalizadas por año debido a complicaciones derivadas de abortos ilegales. Además, los más de cien fallecimientos por año a raíz de ese motivo representan la principal causa de muerte maternal en la Argentina.


Otro de los puntos destacados por la relatora especial de la ONU radicó en las "deficiencias considerables" existentes en el país en materia de prevención de la violencia contra las mujeres: "Hay mucho trabajo por realizar para que Argentina logre cumplir con sus obligaciones internacionales y pueda desarraigar actitudes patriarcales enraizadas y estereotipos de género", afirmó la delegada.

Simonovic advirtió que en ciertas ocasiones la violencia es tolerada debido a una "cultura machista" todavía existente y afirmó que los sistemas para prevenir los ataques no son lo suficientemente funcionales.

Simonovic elogió el movimiento de NiUnaMenos como un modo de visibilización de la violencia contra la mujer. Foto NA: Alejandro PAGNI / PRENSA SENADO
Simonovic elogió el movimiento de NiUnaMenos como un modo de visibilización de la violencia contra la mujer. Foto NA: Alejandro PAGNI / PRENSA SENADO
Si bien la croata elogió los esfuerzos del país para abordar los asesinatos de mujeres y otras formas de violencia, también exhortó al Gobierno a que se aumente el presupuesto y que se incremente la visibilidad y jerarquía del Consejo Nacional de las Mujeres y apuntó a una mejora sustancial en el funcionamiento de una línea de atención a víctimas.

También reclamó mejoras en el sistema de asistencia jurídica: "Esto es particularmente preocupante, si consideramos el hecho de que un tercio de la población del país vive debajo del nivel de pobreza y las mujeres que viven en comunidades empobrecidas tienen mayores posibilidades de convertirse en víctimas y menores posibilidades de costear su asistencia legal", afirmó.


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