Intervinieron seccional local del sindicato de marítimos

Miércoles, 10 de agosto de 2016

Funcionarios judiciales junto a unos 30 gendarmes procedieron ayer a la siesta a desalojar la sede correntina del Somu para concretar la intervención dispuesta por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Se concretó ayer el desalojo de la sede de la seccional Corrientes del Sindicato Obrero Marítimos Unidos (Somu) con el propósito de cumplir con la intervención resuelta por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en el marco de una causa abierta contra el ex titular nacional del gremio, Omar “Caballo” Suárez.
La orden impartida por el titular del Juzgado Federal 6 de la Capital Federal fue ejecutada por el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila en la sede del Somu, ubicada en la calle Caá Guazú al 300 de la capital provincial, mediante un operativo del que participaron funcionarios judiciales y unos 30 gendarmes.
La seccional de Corrientes era considerada “el último bastión de Suárez” luego de que en febrero de este año Canicoba Corral dispusiera la intervención del Somu a nivel nacional en la causa iniciada en el 2014 por “entorpecimiento” del transporte marítimo y fluvial en favor de navieras presuntamente vinculadas al ex titular del sindicato.
En julio último, la Sala I de la Cámara Federal convalidó la intervención del Somu para “evitar la continuación de las maniobras ilícitas y la posible manipulación de las pruebas” por parte de autoridades del sindicato, medida que alcanzó también a la obra social de los marítimos, una fundación y dos empresas supuestamente vinculadas a Suárez.
El desalojo de la sede sindical y la obra social del Somu se realizó alrededor de las 11 en forma pacífica, ya que no hubo resistencia del sector gremial, encabezado en Corrientes por el secretario general Juan Nicolás Fuentes. “Nos ajustamos a derecho y vamos a ser respetuosos de la Justicia”, aseguró Fuentes en declaraciones a la agencia Télam.
El sindicalista ocupó su cargo hasta ayer, pese a que su mandato venció el 14 de mayo y el 26 de ese mes fue notificado de la intervención, a la que resistió exigiendo diversas formalidades.