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Acusaron a la ex esposa de Pérez Corradi por lavado de dinero
Viernes, 5 de agosto de 2016
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Un fiscal solicitó su indagatoria por la sospecha de que utilizó fondos ilícitos para comprar dos propiedades en la zona norte del conubarno bonarense. Cuáles son sus vínculos con el acusado del triple crimen a pesar de estar divorciados
La ex esposa del empresario detenido Ibar Pérez Corradi fue acusada por presunto lavado de dinero en operaciones inmobiliarias y el fiscal federal Franco Picardi pidió su indagatoria. La principal sospecha es que Liliana Raquel Aurehhuliu blanqueó plata ilegal de la mafia de los medicamentos que manejó Pérez Corradi, investigado por el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico ilegal de efedrina.
El pedido de indagatoria a Aurehhuliu fue en la causa 1322/2010 de la mafia de los medicamentos en la que Pérez Corradi fue enviado a juicio oral y público por el juez federal Sebastián Casanello y Picardi por encubrimiento de lavado de dinero.
La acusación contra la mujer se inició por una denuncia que presentó que a comienzos de año hizo la Unidad de Información Financiera (UIF). La entidad sostuvo que Aurehhuliu no pudo acreditar el origen de los fondos de la compra de dos viviendas en la zona norte del conurbano bonarense.
Según la UIF, la ex esposa de Pérez Corradi compró en agosto de 2009 una casa en la localidad de Martínez por un millón de dólares que justificó en un plan de blanqueo de capitales. Pero la AFIP informó que Aurehhuliu no ingresó en ese régimen.
Dos años después la propiedad fue vendida a la Compañía Centro Occidental de Inversiones SA por 1.145.000 dólares. La empresa fue creada dos meses antes de la compra y pagó la propiedad en efectivo. La UIF señaló que esos fondos provinieron de un accionista de la empresa pero que son inconsistentes en relación a la fecha de constitución de la sociedad.
Por último, con el dinero de la venta Aurehhuliu compró en octubre de 2011 otra casa en Martínez por 900 mil dólares. Se trata de la misma propiedad que en febrero pasado fue allanada por la Policía Bonarense bajo la sospecha que allí podía estar escondido Pérez Corradi. Aurehhuliu denunció que en el procedimiento los policías apuntaron con armas de fuego a sus hijos, mataron a un perro, rompieron una puerta y efectuaron disparos al aire.
Las operaciones inmobiliarias ocurrieron cuando Pérez Corradi estaba procesado por lavado de dinero en la causa de la mafia de los medicamentos y pocos meses antes de fugarse de la Justicia. En ese expediente está acusado de haber prestado su cuenta bancaria para blanquear 312.677,79 pesos depositados en cheques provenientes de droguerías vinculados al manejo ilegal de remedios y que después fueron retirados en efectivo.
Aurehhuliu y Pérez Corradi se divorciaron en diciembre de 2008 Aurehhuliu y Pérez Corradi se divorciaron en diciembre de 2008 Si bien Aurehhuliu y Pérez Corradi se divorciaron en diciembre de 2008, el fiscal Picardi compartió la acusación de la UIF y señaló que los vínculos entre ambos continúan.
"Se ha logrado verificar que, sin perjuicio de que el lazo matrimonial entre Ibar Esteban Pérez Corradi y Liliana Raquel Aurehhuliu se encuentra finalizado, lo cierto es que el vínculo patrimonial no se habría interrumpido desde su disolución y, aparentemente, continuaría en la actualidad", detalló Picardi.
El fiscal especificó que "Aurehhuliu no solo figura como persona autorizada para el uso de vehículos cuya titularidad corresponde a Pérez Corradi con posterioridad a su divorcio, sino que –además– la nombrada tenía en su poder: el título de propiedad de un vehículo Audi A6, un poder general para la administración de los bienes de su ex cónyuge y una Dodge Ram".
El pedido de indagatoria también alcanza al escribano que intervino en las operaciones inmobiliarias y fue presentado en mayo pasado pero se conoce poco después de que Pérez Corradi fue detenido en Brasil tras estar cuatro años prófugo y ante su envío a juicio oral por lavado de dinero.
El juez Casanello debe resolver si cita a Aurehhuliu pero antes debe pronunciarse sobre un planteo para que la causa tramite en la Justicia federal de San Martín. Ocurre que la AFIP denunció a la mujer en esa jurisdicción y planteó que la causa debe tramitar allí.
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