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La historia secreta del blanqueo de capitales
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Lunes, 1 de agosto de 2016
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Una serie de hechos motivaron los sorpresivos cambios en el proyecto inicial de blanqueo de capitales, que luego incorporó el pago a los jubilados
La historia de la puesta en marcha de la "Ley de Exteriorización de Capitales y Pago a los Jubilados", que entra en vigencia este 1° de agosto, tiene hechos y anécdotas sorprendentes que se sucedieron mucho antes de su aprobación en el Congreso el 1 de junio.
La ley normativa, que el gobierno de Macri considera fundamental para afrontar sus obligaciones financieras los próximos meses, fue publicada el 22 de julio en el Boletín Oficial y reglamentada el pasado 26 de julio.
En primer lugar: dos de los principales impulsores finales de la ley no estaban de acuerdo en un principio. En segundo término: hubo un evento internacional que cambió los objetivos de la ley. En tercer término: el extenso tiempo que llevó la promulgación de la ley desde que se aprobó el 29 de junio hasta que se publicó en el Boletín Oficial el 22 de julio. Entre esos días hubo movimientos de cuentas en el exterior para que muchos argentinos ordenaran cuál será la "foto" que se presentará ante la AFIP antes de la promulgación de la ley.
El primer boceto fue el enviado por el Estudio Lisicki, Litvin y Asociadados, a través del especialista César Litvin en agosto del 2015, a los potenciales ministros de Economía de los candidatos presidenciales Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa. "En el caso de Macri, lo recibieron Alfonso Prat-Gay, Rogelio Frigerio y Carlos Melconian", cuenta un especialista que trabajo en la redacción del proyecto final.
A ese estudio se le atribuye la idea del "Premio al contribuyente cumplidor" que establece el artículo 63 de la ley que salió finalmente aprobada. Para el final del proyecto, el Gobierno se contactó con el Estudio Bulit Goñi Tarisitano, considerado como uno de los mejores especialistas en derecho tributario y asesor de grandes empresas y multinacionales en la Argentina.
"En un principio el proyecto se denominaba Régimen Excepcional de Regularización Impositiva, contenía 38 artículos y no tenía nada que ver con la ley que finalmente salió, a la que se le sumó la Reparación Histórica a los Jubilados que pidió Mauricio Macri", comentó a Infobae uno de los hombres que trabajó en el proyecto. La aparición de la investigación sobre las empresas offshore de Mossack Fonseca en mayo en Panamá fue uno los efectos mas poderosos a favor del blanqueo, ya que cambió el rumbo del proyecto original.
El primer boceto de amnistía fiscal llegó a manos de los candidatos en agosto de 2015
"Esto incomodaba a Mauricio Macri y fue lo que obligó a cambiar de opinión a quienes estaban en contra del blanqueo, en particular Alfonso Prat-Gay y Alberto Abad. Y allí aparece en escena el asesor presidencial Fabián "Pepín" Rodriguez Simón que se sumó a los hombres que ya trabajaban en el proyecto original", agregó la fuente.
Rodríguez Simón fue el encargado de armar la defensa de Mauricio Macri ante la aparición de su nombre en una cuenta en una sociedad anotada en Panamá. Simón es un ex Cardenal Newman, amigo de Macri y de José Torello, el jefe de asesores del Presidente y apoderado del PRO. También se señala a Pablo Clusellas, el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, como otro de los que impulsaron frente a Macri el blanqueo. En ese momento el Gobierno decidió que la ley no podía esperar, pero faltaba algo para que el proyecto viera la luz.
Allí aparece otra figura clave de esta historia. El vicejefe de Gabinete Mario Quintana. A él se le atribuye la idea final de juntar la exteriorización de capitales y el pago a los jubilados en una sola en una sola ley. "Quintana fue quien dio los toques finales al proyecto de ley que entró al Congreso y de hecho fue él quien estuvo en la presentación del proyecto de ley ante los legisladores", destacó uno de los funcionarios que trabajó en el armado del proyecto final. También aportaron mucho el viceministro de Economía, Pedro Lacoste, y el secretario de Finanzas Luis Caputo, designado por su jefe Alfonso Prat-Gay. Ellos, junto a Quintana, son considerados como los ideólogos de la aplicación de fondos del blanqueo para comprar bonos emitidos por el Gobierno y la posibilidad de aplicarlos a la compra de inmuebles.
"La reparación a jubilados y el blanqueo eran ideas de los equipos técnicos que trabajamos en campaña y luego el presidente Mauricio Macri nos pidió que se juntaran ambas para que el proyecto de ley final tuviera un fin noble", manifestó a Infobae la misma fuente.
En lo que hace a la aprobación de la ley, el presidente de la Comisión de Finanzas de Diputados, el economista de Cambiemos Luciano Laspina, tuvo un protagonismo fundamental para lograr las modificaciones necesarias de la ley junto al presidente de esa Cámara, el diputado Nicolás Masot. En senadores se destaca al presidente de esa Cámara Federico Pinedo y al senador justicialista Miguel Pichetto, quienes fueron las espadas para convencer a la oposición, en particular para los diputados del Frente para la Victoria.
El Gobierno envió el 31 de mayo al Congreso de la Nación el proyecto de ley. Antes de llegar a los legisladores se hablaba del "Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados", que disponía el pago de deudas a quienes iniciaron juicios previsionales, el aumento de los haberes pasivos en un promedio del 45 por ciento y la creación de una pensión universal para aquellos que no cumplieran con los requisitos para jubilarse. Pero la sorpresa es que el blanqueo se había incorporado también. La iniciativa, había sido adelantada la semana anterior por Macri, quien anunció por primera vez que también se incluiría un blanqueo de capitales presentado como "Amnistía fiscal". Macri ya había dado el paso fundamental para que la aprobación del proyecto saliera en el primer semestre del año.
La irrupción del escándalo de Panamá Papers cambió el rumbo del proyecto original
En el fondo se trataba de la Ley de Exteriorización de Capitales y Pago a los Jubilados. "El trámite de aprobación en el Congreso fue bastante rápido", comenta un diputado que estuvo en la sesión. El jueves 16 de junio la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el megaproyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo con 162 votos a favor, 76 en contra y 3 abstenciones. El Frente Renovador de Sergio Massa y el bloque Justicialista -con Diego Bossio a la cabeza-, se sumaron y Cambiemos consiguió la aprobación de este proyecto. Antes el Senado había aprobado los pliegos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia. La sesión especial convocada para tratar la ley duró más de doce horas. Luego, el 29 de junio el Senado aprobó el proyecto. La iniciativa logró 55 votos afirmativos contra 11 negativos y una abstención, la del senador de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas.
LA DEMORA DE LA PROMULGACIÓN FUE CLAVE
Recién el 22 de julio, luego de 20 días de aprobada la ley en el Congreso de la Nación el Gobierno la publicó en Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. La gran pregunta de esta historia es: ¿por qué el Gobierno tardó tanto en promulgar la ley? Esa demora le podría haber dado tiempo a muchos argentinos para poder presentarse a rectificar sus declaraciones juradas de bienes personales anteriores a la fecha de promulgación de la ley para entrar en la moratoria. Por otra parte, fue una oportunidad para que muchos argentinos abrieran nuevas cuentas en el exterior, como por ejemplo Uruguay, para hacer una especie de miniblanqueo y exteriorizar parte del dinero depositado fuera del país. La fecha tope para declarar activos en el proyecto original era el 31 de diciembre del 2015 y luego pasó a ser el 22 de julio del 2016 el día de publicación de la ley.
Finalmente, el 28 de julio, el ministerio de Hacienda dio a conocer el decreto 895 con el detalle de cómo funcionará el régimen de amnistía fiscal que el Gobierno pondrá en acción para financiarse. La principal novedad es la posibilidad que se dará de acceder al blanqueo a aquellas personas que hoy estén en juicio por poseer bienes o activos no declarados.
La "Ley de Exteriorización de capitales y Pago a los jubilados"-blanqueo de capitales- permitirá que se incorporen en el circuito formal de la economía todos los bienes que no fueron declarados, sin la obligación de informarle a la AFIP el origen de los fondos utilizados para adquirir esos bienes.
Tanto particulares como personas jurídicas podrán acogerse al Régimen de Sinceramiento Fiscal. Los bancos locales están recopilando información financiera de no residentes, desde el 1 de enero de 2016, con saldos mayores de 100.000 dólares, que se intercambiará a partir de 2017 con 55 países, entre ellos Francia, Alemania, España, Italia, Reino Unido, Barbados, Luxemburgo y Seychelles. A partir de 2018 se incorporarán 27 naciones más, como Suiza, Singapur, Rusia, China y Japón, mientras que desde 2019 otros 19 países adherirán al compromiso, entre ellos, Uruguay, Panamá y Brasil.
El plazo para hacerlo se extiende hasta el 31 de marzo de 2017. El costo fiscal de la medida es de unos 75 mil millones de pesos anuales por los ajustes de las jubilaciones, a los que deben sumarse una suma de 47.000 millones a 55.000 millones de pesos para el pago de los retroactivos y 1.946 millones por el cambio en el coeficiente para calcular las jubilaciones. En tanto por el blanqueo, el Gobierno espera obtener un piso de 20.000 millones de dólares que ingresarían hasta el 31 de marzo de 2017, la fecha en que finaliza la amnistía fiscal.
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