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Milei reforma 300 leyes y busca obtener superpoder
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Sábado, 30 de diciembre de 2023
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El texto contiene 664 artículos y, de aprobarse, representa una transformación estatal trascendente en 40 años de democracia. Será tratado durante el período de sesiones extraordinarias, que ya comenzó y finaliza el 31 de enero.
El gobierno de Javier Milei envió ayer al Congreso el anticipado proyecto de ley ómnibus, que denominó "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos", en honor a un célebre texto de Juan Bautista Alberdi y que pretende cambios profundos en la configuración del Estado y, por ende de gran impacto en la sociedad argentina.
Ahora ya en manos de los legisladores, resta que las cámaras de Diputados y Senadores terminen de conformar las comisiones -lo que se daría esta semana- para iniciar el análisis del megaproyecto para luego proseguir con los debates en las sesiones respectivas.
Pasadas las 15, el ministro del Interior, Guillermo Francos, fue el encargado de hacer entrega del proyecto en persona al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. Las comisiones a las que será girado son Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores.
En sus fundamentos, el proyecto señala que "Argentina está inmersa en una grave y profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social sin precedentes, que afecta a todos los órdenes de la sociedad y al funcionamiento mismo del Estado".
Emergencia pública
Como primera medida, el Poder Ejecutivo busca que el Congreso declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto permitirá que el Gobierno asuma facultades legislativas en esas materias.
Por otro lado, promueve la privatización de las empresas públicas "con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión".
El listado de compañías ahora bajo la órbita del Estado "sujetas a privatización" afecta a algunas de las más emblemáticas empresas públicas de la Argentina. No solo Aerolíneas y el Banco Nación, sino también todo el sistema de medios públicos: la agencia Télam, Radio y Televisión del Estado, la Radio de la Universidad Nacional del Litoral y la Radio de la Universidad de Córdoba, ambas ya sociedades anónimas. El texto anexo refiere un total de 41 firmas estatales o con participación estatal.
Movilidad jubilatoria
La iniciativa legal contempla, entre otros puntos, la suspensión de la actual fórmula de movilidad que actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales cada tres meses. Según la norma, el Poder Ejecutivo podrá realizar aumentos por decreto hasta que se establezca un nuevo mecanismo de revisión automática. La medida es clave para el ajuste fiscal que encarará el ministro de Economía, Luis Caputo, como punto de partida para desindexar el componente más sustancioso del gasto público.
El artículo 106 del proyecto suspende la aplicación del artículo 32 de la Ley 24.241 que establece la movilidad de los haberes por jubilaciones y pensiones, de la que también dependen la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, por ejemplo. También, se suspende la vigencia para la prestación básica universal, la compensatoria, el retiro por invalidez, por fallecimiento y por permanencia.
Superpoderes
"Delégase en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley y en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. Las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa", indica la norma.
Es decir, que si se aprueban las emergencias, Milei tendrá las facultades de legislar, algo que la Constitución nacional prohíbe expresamente en el artículo 76, que dice: "Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca".
Manifestaciones
En el capítulo destinado a la organización de las manifestaciones, los libertarios proponen que quienes impidan o entorpezcan el funcionamiento de los transportes (por tierra, agua o aire) sean reprimidos con 1 a 3 años y seis meses de prisión. Las penas aumentan si se utilizan armas y para los organizadores de las manifestaciones (prisión de 3 a 6 años). Además, los organizadores serán "solidariamente responsables por los daños" que tuvieran lugar durante las marchas.
En tanto, el Ministerio de Seguridad podrá "oponerse a la realización de la reunión o manifestación fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad nacional" o proponer cambios.
Uno de los puntos que llamó la atención de los diputados de la oposición fue la inclusión, casi al final del proyecto, de un artículo que "ratifica" el megadecreto de necesidad y urgencia N° 70, que igualmente será abordado en la comisión bicameral de Trámite Legislativo.
Cambios electorales
En el extenso apartado político del proyecto se incluyó una profunda modificación del sistema, que incorpora no solo la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única, sino que incluye también el cambio del sistema de votación de lista completa para reemplazarlo por un modelo de circunscripciones uninominales.
Las PASO obligan a los partidos a elegir a sus candidatos a través de internas desde 2009, cuando se promulgó a instancias de Cristina Kirchner la ley de Democratización Política, Transparencia y Equidad Electoral. Si el proyecto de LLA prospera, serán derogadas por completo.
La eliminación de las PASO tendría consenso en la mayor parte del arco político, incluso en el kirchnerismo, donde la medida -impulsada por CFK con el aval de Néstor Kirchner- está en tela de juicio al menos desde 2015, con la derrota de Daniel Scioli contra Mauricio Macri.
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