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Duro reclamo a la OEA por el "retroceso del estado de derecho"
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Martes, 17 de mayo de 2016
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 "Situaciones como la actual justifican una respuesta activa con o sin el consentimiento del gobierno", señaló la ONG. Instaron a la Organización de Estados Americanos a activar la Carta Democrática. El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, instó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana incluso sin el visto bueno de Caracas, dado el "deterioro manifiesto del estado de derecho en el país".
En una carta dirigida a Almagro, Vivanco le urgió a invocar el artículo 20 de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) "aún sin el consentimiento de Venezuela".
"Situaciones como la actual en Venezuela -donde el poder judicial ha abdicado de sus principales obligaciones y ha dejado de funcionar como un poder independiente del Estado- justifican una respuesta activa por parte de la OEA, con o sin el consentimiento del Gobierno de Venezuela", dijo el representante de HRW en la misiva.
En su cuenta oficial de Twitter, el secretario general confirmó la recepción de la misiva: "He recibido carta de JM Vivanco @hrw_espanol sobre #Venezuela y la Carta Democrática, la cual estoy analizando", escribió el ex canciller uruguayo.
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Luis Almagro @Almagro_OEA2015
He recibido carta de JM Vivanco @hrw_espanol sobre #Venezuela y la Carta Democrática, la cual estoy analizando http://bit.ly/1ssxObU
17:01 - 16 Mayo 2016
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Almagro evalúa, desde finales de abril y a petición de la oposición venezolana, invocar la Carta Democrática para forzar a que los 34 países miembros del organismo continental tengan que abordar la situación política y social de Venezuela.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, compareció el pasado 5 de mayo en la OEA para tratar de cerrar la puerta a esa opción, al acusar a Almagro de excederse en sus funciones y sentenciar que Venezuela "no está bajo examinación de nadie ni lo estará".
Vivanco restó este lunes importancia a las declaraciones de la canciller, al subrayar que la Carta Democrática "establece claramente en su artículo 20 que la OEA puede actuar sin el consentimiento del gobierno afectado". "La interpretación del Gobierno de Venezuela carece del menor sustento jurídico", subrayó Vivanco.
"LA INTERPRETACIÓN DEL GOBIERNO DE VENEZUELA CARECE DEL MENOR SUSTENTO JURÍDICO", SUBRAYÓ VIVANCO
El representante de HRW justificó la aplicación de la Carta por la "evidente violación del principio de la separación de poderes y de la independencia judicial" en Venezuela, que provoca que "las violaciones de derechos humanos habitualmente" queden "impunes".
"El colapso de la independencia judicial en Venezuela y la consiguiente propagación de las violaciones de derechos humanos y la impunidad afectan los principios más fundamentales consagrados en la Carta y en otros acuerdos regionales", sostuvo Vivanco.
"Es tiempo de instalar este debate, y exigir que el Gobierno venezolano rinda cuentas a la OEA por el deterioro manifiesto del estado de derecho en el país", agregó.
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Vivanco aseguró que hay un "antecedente de aplicación de la Carta por parte de la OEA para abordar la falta de independencia judicial", el producido en 2005 después de que el Congreso de Ecuador "removiera de manera arbitraria a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia" y a miembros de otros tribunales.
El artículo 20 de la Carta Democrática permite al secretario general o a cualquier Estado miembro convocar un Consejo Permanente para someter a consideración de los 34 embajadores si en un país existe una "alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".
En ese Consejo, se necesitan 18 votos para iniciar gestiones diplomáticas sobre la crisis en cuestión y, de no prosperar estas, volvería a haber otra votación donde son necesarios dos tercios de los votos para convocar una Asamblea General extraordinaria.
En esa Asamblea, donde se reúnen los 34 cancilleres, son necesarios de nuevo dos tercios de los votos para ejecutar la última consecuencia de la Carta, la expulsión del Estado de la organización, algo que solo ocurrió tras el golpe de Estado de Honduras de 2009.
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