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La interventora alerta que 2 mes no bastarán para la normalización
Sábado, 7 de mayo de 2016
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Se concretó ayer el inventariado de la tesorería. La ex titular María Solís de Zambrano presenció el acto y concluyó definitivamente su gestión. La comisión tiene 60 días para poner orden y convocar a elecciones. Pero ya adelantaron que el plazo no será suficiente.
La Comisión Especial Normalizadora a cargo del Centro de Jubilados concretó ayer un inventariado en el área de tesorería y dio por terminada la gestión de la doctora María Solís de Zambrano, quien alista una embestida judicial. El proceso de normalización demandaría más de dos meses, según alertaron las nuevas autoridades, quienes deberán determinar si realmente hubo “malversación de fondos”. La interventora María Elsa Díaz de Ferreyra confirmó a El Litoral que “la comisión tiene 60 días para normalizar la situación y convocar a elecciones”. Sin embargo, también anticipó que el plazo sería “insuficiente” para concretar el trabajo. Por lo que todo indica que la intervención se quedaría un tiempo más. Ayer, en tanto, se concretó el inventariado del área de tesorería, lugar clave para determinar si realmente hubo malversación de fondos, excusa por la cual se intervino el Centro. La ex titular, Solís de Zambrano, abandonó ayer las instalaciones tras el inventariado. Entregó todas las llaves, que antes se había negado a entregar, cuestión por la cual se cambiaron todas las cerraduras. Sin embargo la abogada anunció que alista una embestida judicial por lo que consideró un atropello político disfrazado de una supuesta legalidad.
A la Justicia María de las Mercedes Solís de Zambrano denunció “la retención y apropiación indebida” por parte del Instituto de Previsión Social de los aportes de los socios de la entidad en concepto de cuota societaria. “Los aportes son descontados a los afiliados y el instituto previsional opera de mero agente de retención de los mismos para ser transferidos al Centro de Jubilados, ya que es dinero que los jubilados y pensionados aportan voluntariamente a la entidad que los representa. Considerando que es un exceso en las atribuciones y un atropello a los derechos de los socios, es que se advierte sobre esta grave situación”, explicó Zambrano a través de un comunicado. Por otro lado hace saber a “los socios y a la sociedad en general que desde el día de ayer según informaron proveedores que fueron a cobrar valores propios del giro habitual de la entidad, que los mismos fueron rechazados por el Banco de Corrientes argumentando el bloqueo de las cuentas”. “Esto hizo caer al Centro de Jubilados en una situación de incumplimiento de las obligaciones asumidas, entre ellas los vencimientos con Afip”, agrega. “Es inentendible que una supuesta comisión normalizadora haga tanto daño a una entidad que se ha caracterizado en los últimos años por el orden financiero, cumpliendo a término las obligaciones con el fisco, con los empleados, pagando todos los servicios al día y siendo de total confianza para los proveedores”, se quejó. “Esto último llamó la atención cuando las autoridades administrativas públicamente garantizaron el normal funcionamiento, inevitablemente alterado por la situación antedicha y por la excesiva e intimidante presencia de policías en la sede central, en la cual además de la administración funcionan consultorios médicos, talleres recreativos y el alojamiento. A la vez, en momentos en que se está colaborando con el inventario para cumplir con la disposición administrativa, pese a entender que la misma es arbitraria, viciada de nulidad y consecuencia de una decisión política”, concluye la misiva.
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