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Con una ley, buscan el recupero de gastos en pacientes con obras sociales
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Jueves, 12 de agosto de 2021
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Uno de los principales cambios es un nomenclador de costos dirigidos a prepagas. La iniciativa tiene además como fin la reinversión en tecnología y honorarios.
El Ministerio de Salud Pública concluyó un proyecto de reforma de ley de arancelamiento hospitalario, que permitirá regular el cobro a las obras sociales y prepagas. Remarcaron que esto no quita la gratuidad.
La iniciativa, que será tratada en la Legislatura provincial, tiene entre sus principales objetivos el recupero de gastos para a la vez lograr una mayor inversión en el sistema sanitario.
Al respecto, la directora general de Asesoría Legal, Candelaria Campias, explicó a República de Corrientes los beneficios que traería la aprobación del proyecto. Si bien hoy en centros de salud ya cobran a las obras sociales y prepagas, faltan afianzar varios puntos, sobre todo en zonas del interior provincial.
“Es un primer paso dentro de lo formal. Hace un tiempo se está trabajando en esta reforma porque vemos la necesidad de un cambio en lo que refiere al arancelamiento. Es necesario que haya un sistema organizado para recuperar lo que la Provincia invierte en salud. Esto a la vez lo invertís en -por ejemplo- insumos o un estímulo para la gente”, explicó la abogada.
Con esta ley se pretende que el sistema de recupero sea más ágil, útil y óptimo. Actualmente, los valores con que se manejan además de ser bajos pueden modificarse.
Un nomenclador propio de la provincia readecuará un cuadro tarifario de salud donde los cálculos se hagan por módulos. Números más acordes. Con la ley vieja se manejan de acuerdo a los protocolos de la Nación. Por el momento los costos son muy bajos.
En este recupero se puede “incluir una sobreasignación al personal, no solo al de planta permanente”.
Además, abrirán la posibilidad de hacer convenios con otros países. Esto es para regularizar la atención a extranjeros. En algunos países limítrofes ofrecen tours de salud.
“No significa que se los dejará de atender, esto tiene que quedar claro. Se seguirá atendiendo; lo que se buscará es cobrar a las obras sociales y prepagas de los pacientes que se atienden en la salud pública. La gratuidad no cambia, sí podemos recuperar los gastos y lo vamos a hacer”, sostuvo.
Aplicación de la ley
En uno de los artículos se habla de la reglamentación. Campias explicó que no será tan dura y cerrada como la del año 1983.
“Hacemos hincapié en que se puede mejorar la tecnología. Ahora se recuperan costos, pero no siempre se logra y en muchas ocasiones tenemos que ir a juicio con obras sociales y esto retrasa y desactualiza el valor”, dijo.
A la vez, indicó que reforzarán las capacitaciones en la parte administrativa para lograr este cobro a las empresas privadas y a las obras sociales.
“Permitirá que el sistema sea más ágil y liviano. En uno de los artículos se habla de una plataforma donde se hará la carga de datos y control. Muchos de los que se atienden en los hospitales de la provincia tienen obra social. En el interior es más difícil controlar y tenemos que saber que no podemos perder esta oportunidad de recupero. La generosidad e idiosincrasia del correntino hace que muchas veces no se registre al paciente que tiene prepaga”, precisó.
En este sentido, remarcó que “esto es en beneficio de la gente porque el que tiene obra social está pagando todos los meses este servicio, a los pacientes no le quitamos la gratuidad en la atención”. También resaltó que “el mayor ingreso a la salud pública permitirá invertir también en honorarios al personal”.
Iniciativa
El proyecto fue elevado para su análisis a la Legislatura provincial. En el diseño de la iniciativa participó la Asesoría Legal y la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). Se contó con la colaboración de los senadores David Dos Santos y Diógenes González.
El Ministerio de Salud Pública trabajó durante casi 2 años. Es una propuesta que se fundamenta en la necesidad de lograr los objetivos estratégicamente planificados por el sistema de arancelamiento y poder recuperar efectivamente las inversiones efectuadas por Salud Pública y la optimización del uso de lo recaudado.
El mismo se ajusta a garantizar la gratuidad a cada persona, argentina o extranjera, que requiera de prestaciones.
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