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El ministro de Desarrollo Social echó a 15 funcionarios que avalaron la compra
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Miércoles, 8 de abril de 2020
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Daniel Arroyo le pidió la renuncia a Gonzalo Calvo, a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica del Ministerio y a todo su equipo; habían acordado la compra de aceite y azúcar con precios superiores a los del mercado. Se abrió un sumario interno y en adelante se comprará con precios controlados
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, echó este martes a Gonzalo Calvo, el responsable de la Secretaría de Asistencia Crítica y a 14 funcionarios más que habían estado a cargo de la polémica compra de alimentos con sobreprecios para los sectores vulnerables en medio de la pandemia del coronavirus.
La decisión de Arroyo se tomó con el pleno aval del presidente Alberto Fernández quien el lunes había dicho: “no apañaré corruptos en mi gobierno”.
A partir de esta directiva, el ministro de Desarrollo Social evaluó que lo más conveniente era expulsar al encargado de la polémica compra de aceite y azúcar con sobreprecios. Este desplazamiento incluye a todo el equipo de Calvo de la Secretaría de Asistencia Técnica.
Según revelaron a Infobae fuentes calificadas del Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social inició una investigación interna a pedido del presidente Alberto Fernández y no se descarta que haya más sorpresas en ese sumario interno que se inició.
No obstante, en la Casa Rosada se descartó de plano que haya renuncias “hacia arriba”. Es decir, que la depuración del Gobierno en el Ministerio de Desarrollo Social alcancen a Arroyo. De hecho, el ministro tomó la decisión de sacar a Calvo y a sus 14 funcionarios luego de una charla que mantuvo en la quinta de Olivos con el Presidente.
El secretario de Políticas Públicas y Parlamentarias de la jefatura de Gabinete, Fernando Chino Navarro, confirmó anoche que Arroyo separó a Calvo y a su estructura de 14 personas. “Veremos si hubo ineficiencia o corrupción. Pero aquí lo importante es que se actuó en menos de 24 horas para dar transparencia”, dijo Navarro.
El secretario expulsado y su equipo respondía la estructura de los intendentes del PJ bonaerenses y de hecho Calvo formó parte de la gestión del municipio de Almirante Brow. Allí había sido investigado por corrupción hace un año y fue expulsado mientras era funcionario del intendente Mariano Cascallares.
En aquel momento Calvo renunció a la Secretaría de Seguridad del municipio luego de que se difundiera por Facebook un video filmado por una cámara oculta donde presuntamente le cobraba coimas a una empresa de seguridad privada.
Amparado en el amplio respaldo que le dio ayer el Presidente, quien dijo “no apañaré a corruptos en mi gobierno”, Arroyo avanzó hoy con el desplazamiento de Calvo, que había estado a cargo de las millonarias compras de fideos, aceite y azúcar con sobreprecios.
De hecho, antes de tomar esta decisión el ministro de Desarrollo Social le comunicó al Presidente los pasos que iba a seguir. Es decir que además de la expulsión de Calvo se optó por abrir un sumario interno para revisar todo el circuito administrativo por el que se hizo la compra de alimentos con sobreprecios.
Con la salida de Calvo se concreta la primera baja en el gobierno de Alberto Fernández. Aseguran los funcionarios que anoche estuvieron con el Presidente que estaba muy molesto con este escándalo de la compra de alimentos con sobreprecios. “Por un lado le da bronca que algunos empresarios se aprovechen en una situación crítica del país y por otra parte no entiende cómo es que haya funcionarios que no hayan visto todo esto”, dijo un secretario de Estado consultado.
Por otra parte, el Presidente le pidió a Arroyo que haya una “profunda investigación” de todo lo sucedido y firmó una resolución para frenar el pago de la compra de alimentos con sobreprecios.
Como adelantó hoy Infobae, las empresas que participaron de la polémica compra (ahora suspendida) del Gobierno para abastecer a los sectores más necesitados en el marco de la epidemia de coronavirus, ganaron decenas de licitaciones en los últimos años, con gobiernos de todos los signos políticos. Desde el gobierno de Daniel Scioli hasta el de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
El ministerio que encabeza Arroyo publicó las compras autorizadas de alimentos de primera necesidad —aceite, fideos, azúcar, arroz y lentejas— en el marco de la emergencia sanitaria para abastecer a las familias más vulnerables en medio de la cuarentena obligatoria. Se trató de “contrataciones directas”, que no están sujetas al Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional. Pero hubo casos llamativos de sobreprecios acordados.
Por ejemplo, por la Resolución 156/2020, se adjudicó la compra de envases de aceite comestible mezcla por 1,5 litros cada uno de marca Indigo a la empresa Teylem, por un precio unitario de $166,58. Esto es un 14% más que el precio que se paga en las cadenas de supermercados de ciudad de Buenos Aires, donde el envase de 1,5 litros de aceite de girasol Cocinero, de primera marca, se vende a $145,79.
Por la Resolución 158/2020, se adjudicó la compra de azúcar común en presentación de un kilo marca La Muñeca por $74,97. En los supermercados, el paquete de un kilo de azúcar Ledesma cuesta $59,95. La diferencia es de 25 por ciento. En tanto, por la Resolución 158/2020, se adjudicó la compra de arroz en paquetes de un kilo de las marcas Monarca, Don Bernardo, Chajarí, Valderey o Castellón por un precio unitario de $68,77. En los supermercados, el arroz Lucchetti —primera marca— cuesta incluso unos centavos menos: $68,49.
En el caso de la compra de fideos, en el texto de la resolución se expresaron precios de $84 por unidades de paquetes de 500 gramos, una diferencia de 51% con los precios de los supermercados. Sin embargo, Arroyo destacó que, solo en el caso de los fideos, la diferencia de precios se debe a que los precios autorizados están expresados en kilos, mientras que los paquetes comprados son de 500 gramos. Y que debieron realizar una corrección. Pero admitió el sobreprecio en la compra de aceite y azúcar.
El dirigente social de la CETEP, Juan Grabois, quien fue uno de los primeros en denunciar la maniobra de corrupción de sobreprecios, expresó hoy sin vueltas: “Quiero ver rodar una cabeza, no puede ser que esto pase impunemente”, remarcó. Al parecer, el Ministerio de Desarrollo Social ya le ofreció un responsable aunque todo indica que en la cadena de compras irregulares que ahora se investiga habría más funcionarios implicados.
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