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Un camarista federal fue internado hoy con síntomas de coronavirus
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Jueves, 26 de marzo de 2020
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 Es Mariano Llorens, uno de los jueces de Comodoro Py. Fue reportado como caso sospechoso
El juez de la Cámara Federal porteña Mariano Llorens fue internado hoy para determinar si tiene coronavirus ya que los médicos que lo analizaron lo calificaron como caso sospechoso porque presenta varios de los síntomas de la enfermedad.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Llorens comenzó con fiebre alta –39 grados–, tos, dolor de garganta y cansancio, por lo que fue a atenderse a un sanatorio de la localidad boanerense de San Isidro. Allí le diagnosticaron neumonía, lo reportaron como caso sospechoso de coronavirus y lo dejaron internado.
El magistrado había estado a principio de mes en un congreso en la provincia de Misiones del que participaron jueces de distintos lugares del mundo. Llorens iba a ser desde hoy uno de los dos magistrados de la Cámara Federal para actuar durante la feria judicial extraordinaria establecida en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno debido al coronavirus. La última vez que estuvo en los tribunales de Comodoro Py fue el martes de la semana pasada. Y el 17 de marzo estuvo con los otros tres jueces de la Cámara, Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en una reunión de acuerdo general. “Ninguno de los tres presentó síntomas hasta el momento”, le dijo a este medio una fuente del tribunal.
Allegados al juez le dijeron a Infobae que comenzó con fiebre, dolor de garganta, tos y fue a atenderse al sanatorio San Lucas, de San Isidro. Allí le hicieron estudios pero volvió a su casa. Una primera sospecha fue que podía tratarse de dengue porque había estado del 4 al 8 de marzo en un congreso en Misiones.
Los síntomas continuaron y los primeros resultados arrojaron que tiene una neumonía bacteriana. Por ese diagnóstico más los síntomas de tos, dolor de garganta y fiebre fue reportado como caso sospechoso de coronavirus e internado para hacerle estudios que confirmen o desmientan la presencia del virus.
Llorens, de 53 años e integrante de la Sala I de la Cámara Federal, no estuvo en el exterior en los últimos tiempos y tampoco en contacto con gente que lo haya estado. Sí dos de sus familiares tuvieron relación con gente que había estado en los Estados Unidos y que tuvieron síntomas compatibles con el coronavirus pero cuyos tests dieron negativo.
Por eso la primera sospecha, en caso de confirmarse, es que podría haberse infectado en Misiones. Del congreso participaron magistrados de Paraguay, Estados Unidos y Brasil. “Y en el hotel había gente de todo el mundo”, explicó un allegado. Pero otra fuente lo relativizó. “Con Llorens viajaron a Misiones otros jueces de Buenos Aires y ninguno tuvo síntomas", explicó una fuente.
El magistrado informó de su cuadro de salud al área de Medicina Preventiva Laboral del Poder Judicial y ahora espera los resultados que confirmen su cuadro de salud.
Llorens se recibió de abogado en 1990 y ese año comenzó a trabajar en el Poder Judicial. Hizo su carrera en la Justicia penal de instrucción, donde llegó a ser secretario de Tribunal Oral. En junio de 2018 juró como juez de la Sala I de la Cámara Federal, luego de que el gobierno de Mauricio Macri propusiera su nombre al Senado de la Nación tras el concurso público para ocupar el cargo. Se trata de un lugar estratégico para la política y el poder. Por allí pasan todas las causas de corrupción y se definen los procesamientos y las investigaciones.
Integra la Sala I con los jueces Bruglia y Bertuzzi. Esa sala tiene la causa de los cuadernos de la corrupción pero Llorens no interviene porque está excusado ya que su primo Rafael Llorens, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido, es uno de los procesados del caso.
Como juez de la Cámara Federal, Llorens rechazó a fin del año pasado liberar al empresario Lázaro Báez en una de las causas que tiene por lavado de dinero. También confirmó los procesamientos de De Vido, y de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini, entre otros, por el presunto pago de coimas para la construcción de dos plantas potabilizadoras de Aysa.
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