"Este contexto me pone más firme para no irme"

Jueves, 20 de abril de 2017

“De ninguna manera voy a renunciar”, dijo la procuradora general de la Nación en los últimos días. Entiende que hay “persecución y disciplinamiento” al Poder Judicial.

Por la sospechosa compra del edificio hoy presentará un informe al Congreso

La causa judicial por la sospechosa compra de un edificio por parte de la Procuración General y los renovados planteos de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri para que se aleje del cargo endurecieron a Alejandra Gils Carbó. "Este contexto me pone más firme para no irme", le dijo en los últimos días la jefa de los fiscales a funcionarios cercanos, según le confiaron a Infobae.

Ese contexto, entiende Gils Carbó, es de "persecución y disciplinamiento" para lograr el apartamiento de distintos jueces por parte del gobierno y lograr así una justicia que le responda. El macrismo hizo público desde el inicio de la gestión que quiere a Gils Carbó fuera de la Procuración por su cercanía con el kirchnerismo.

"En estas condiciones de ninguna manera voy a renunciar", sostiene la Procuradora.

Además, está convencida de que no tuvo ninguna responsabilidad en la compra del edificio de la calle Perón 667 y pone todo el peso en Guillermo Bellingi, el funcionario apartado del cargo y sumariado luego de que Infobae reveló que su medio hermano cobró una comisión de más de tres millones de pesos por la operación.

Para reforzar su postura, Gils Carbó presentará hoy en la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, que preside la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño, un informe sobre cómo se realizó esa compra y se pondrá a disposición de los legisladores si quieren hacerle preguntas. Inclusive aceptaría ir al Congreso si la comisión la cita.

Gils Carbó está imputada por la compra del edificio que la Procuración hizo en 2013 por 43.850.000 pesos. Por esa operación, Juan Carlos Thill, hermano por parte de la madre de Bellingi, cobró 3.019.054 pesos que le facturó a la inmobiliaria "Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios" por asesoramiento y gestiones. Esa inmobiliaria cobró una comisión de 7,7 millones de pesos que le abonó "Arfinsa SA", integrante del Grupo Bemberg, dueña del inmueble vendido.

La comisión pagada sobre el valor de la propiedad fue del 17,5 por ciento, muy alto para el mercado inmobiliario. Eso y la intervención de Thill a través de Bellingi generaron sospechas de una operación armada con información privilegiada desde la Procuración.

Bellingi fue nombrado por Gils Carbó como subdirector general de la Procuración General de la Nación por ser un experto en compras y transparencia. Primero integró el área desde la que se llevó a cabo la compra. Luego pasó a desempeñarse en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activo (PROCELAC). Gils Carbó asegura que no tenía trato con él y que fue uno más de los varios funcionarios que intervinieron y controlaron la licitación de compra.

La causa -bajo secreto de sumario– está a cargo del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, quienes la semana pasada realizaron procedimientos en distintas áreas de la Procuración, Procelac, la casa de Thill y la inmobiliaria Jaureguiberry de donde la Policía Federal se llevó documentación y computadoras.

Gils Carbó fue imputada en la causa y está bajo investigación. "La compra fue correctísima", repiten en la Procuración. Señalan que se pagó un precio inferior al de la tasación, que se adquirió el inmueble de la oferta más baja que hicieron cinco empresas, que se llamó a licitación cuando se podía hacer una compra directa y que el pago de la comisión fue un arreglo entre privados.

Quienes investigan la causa no son taxativos como Gils Carbó. No descartan ninguna hipótesis y el caso está en curso. El próximo paso será un peritaje sobre las computadoras secuestradas en los procedimientos.

La Procuradora sospecha y cree que hubo un "armado extraño". Todo se inició con una denuncia anónima, siguió con una investigación preliminar del fiscal federal Carlos Rívolo, luego una presentación formal del fiscal Guillermo Marijuán y el inicio de la causa con la intervención de Taiano. Son tres fiscales críticos de la gestión de Gils Carbó.

"Ni Carrió me trata de corrupta", dijo Gils Carbó a sus allegados en referencia a la diputada de Cambiemos que sí presentó un pedido de juicio político. "No vamos a tolerar ningún acto de corrupción", es el lema que repiten en la Procuración y señalan que a diferencia de lo que pasó en otros casos de la administración pública, inclusive en el Poder Judicial, ante la sospecha apartaron a Bellingi y le iniciaron un sumario.

Con la causa penal funcionarios del gobierno volvieron a plantear la salida de Gils Carbó del cargo. El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que el pedido de juicio político que hay en el Congreso a la Procuradora "tiene tratamiento preferencial".

"Hace rato que digo que Gils Carbó debería renunciar porque ella no conduce la Procuración con objetividad, rigor y decencia. Utiliza su puesto como un instrumento para su actividad política identificada con el kirchnerismo. Y ahora se suma el cuestionamiento a su decencia y a su honestidad por la causa de la compra de inmuebles. Lo mejor que podría hacer es renunciar, pero no lo hace", dijo Pablo Tonelli, diputado del PRO, en una entrevista con el diario La Nación.

Para Gils Carbó la causa penal y esas declaraciones se dan dentro de un contexto. La jefa de los fiscales entiende que hay un proceso de hostigamiento contra varios miembros del Poder Judicial por parte del gobierno. Los ejemplos que cita son los del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y el pedido de juicio político que presentó Carrió; la acusación en el Consejo de la Magistratura contra el camarista federal Eduardo Freiler; y las denuncias públicas de la jueza María Servini de Cubría. Además del fallo del máximo tribunal que convalidó el límite de 75 para que los jueces ocupen sus cargos que ha logrado la renuncia de jueces y la próxima salida de varios.

Después de un año y medio de gestión del macrismo tiene el cuero curtido. Recibió varios pedidos de juicio político – "no hay motivos ni están los votos para destituirme"– y fracasó un proyecto de ley para limitar su mandato y que ponía en manos del Congreso el aval de los nombramientos de fiscales, lo que cosechó la crítica unánime de casi todos los sectores de la justicia.

Gils Carbó está segura y repite: "de ninguna manera voy a renunciar".