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La empresa de Lázaro Báez dice que entró en cesación de pagos porque es víctima de una persecución
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Miércoles, 16 de noviembre de 2016
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La jueza comercial Gigy de Traynor solicitó en dos resoluciones fechadas el 7 y 9 de noviembre pasado una serie de documentación a la firma Austral Construcciones, de Lázaro Báez, antes de abrir el concurso solicitado por la propia empresa.
La jueza Traynor consideró que Austral Construcciones no cumplió hasta el momento con los requisitos formales para que se pueda disponer la apertura del concurso preventivo. Ese requerimiento fue contestado por los abogados, cuestionando en duros términos la exigencia de la magistrada argumentando que la Ley de Concursos y Quiebras no le da facultades para hacer ese tipo de pedidos.
En un extenso escrito de 58 fojas -al que tuvo acceso Infobae-, los abogados de Austral Construcciones remarcan que "el Juez interviniente no podrá exigir otros requisitos formales que no sean los enumerados en el Art. 11 …Cumplidos los recaudos legales el juez debe proceder a la apertura del concurso preventivo".
En otro de los párrafos de la presentación, señalan que "Austral Construcciones SA. ha sufrido desde el cambio de autoridades en el Gobierno Nacional y en la Provincia de Santa Cruz una persecución y un
tratamiento arbitrario, hostil y contrario a derecho, que radicó en la rescisión intempestiva y sin expresión de causa de la totalidad de las obras que poseía adjudicadas y en curso de ejecución, como así también en el no pago de los certificados de obras presentados y aprobados; sucesos que se fueron incrementando y agravando con el correr del tiempo, pese a los reiterados intentos realizados por mi mandante para revertir dichas situaciones, incurriendo como consecuencia de todo ello en estado de cesación de pagos al no poder pagar las obligaciones corrientes que iban venciendo de manera regular, en especial a partir del 29 de abril de 2016".
La entrada de Austral Construcciones (Walter Díaz)
La entrada de Austral Construcciones (Walter Díaz)
La jueza Gigy Traynor consideró en su resolución del 7 de noviembre pasado que Austral Construcciones no había declarado todos sus bienes por lo que ordenó que lo hiciera. Al contestar esa solicitud, la empresa de Lázaro Báez -la más favorecida en la adjudicación de obra pública durante el kirchnerismo- agregó al listado de bienes declarados $ 294.637,24 en Muebles y Utiles, $ 1.451.876,99 en Herramientas y $ 83.090,68 en equipos de computación. Además, denunció que todo su capital social asciende a diez millones de pesos, es decir, algo más de USD 636.000.
La magistrada también solicitó que aporte los títulos de propiedad de los bienes de la sociedad comercial. La empresa de Báez respondió esta solicitud acompañando al escrito los títulos de propiedad de vehículos y camionetas, maquinarias mayores y menores, copia de las escrituras de los inmuebles que se encuentran en poder de la sociedad.
Otro de los pedidos que le hizo la juez Traynor está relacionado con los anticipos que recibió Austral Construcciones para obras públicas que le habían sido adjudicadas por el gobierno kirchnerista. La empresa de Lázaro Báez informó que hasta ahora recibió adelantos financieros por obras en la provincia de Santa Cruz por un monto total de $ 387.039.915,19.
Con esta información la jueza Gigy Traynor deberá decidir si abre el concurso preventivo de acreedores, una herramienta legal para sociedades que entran en cesación de pagos que les permite evitar la quiebra cancelando sus deudas a montos menores a la acreencia original. O sea, si se abre el concurso y llega a un acuerdo con sus acreedores, Austral Construcciones va a pagar menos de lo que debe.
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