Declara el ex fiscal Benito Pont, acusado de cómplice de trata y explotación sexual

Martes, 8 de noviembre de 2016

El ex titular de la fiscalía de Paso de los Libres, que obstaculizó causas con allanamientos cantados y clausuras violadas, deberá explicar por qué no se excusó en trámites que afectaban a su cuñado, ex jerarca de Gendarmería, y su ex socia.

Esta tarde, la Justicia federal tomará declaración indagatoria al ex fiscal de Paso de los Libres, Benito Pont, acusado de haber formado parte de “una organización criminal dedicada a la captación, traslado, acogimiento y explotación sexual de mujeres” en locales de esa ciudad. La declaración sobrevendrá un día después de que hiciera lo propio su cuñado, el gendarme retirado José María Viero, acusado de haber integrado la misma “organización criminal”, que explotó mujeres en el circuito formado por sus locales, la whiskería Roxi y el Hotel Momentos, regenteados por una ex socia de Pont. En la causa, que avanzó mucho tiempo después de que Pont interviniera en al menos tres investigaciones en las que debía excusarse –por sus vinculaciones con los investigados, inicialmente; porque las sospechas llegaban a él, como se descubrió después–, hay 25 acusados, diez de los cuales ya participaron de la ronda de indagatorias, aun cuando no todos hayan brindado declaración. Las pruebas acreditadas en el expediente hasta el momento dan cuenta del funcionamiento aceitado de una red que, casi como si de un manual de procedimientos ilícitos se tratara, demostró hasta qué punto la trata y la explotación sexual consisten en unir dos mundos: el de personas necesitadas y en situación de vulnerabilidad y el de un grupo munido de recursos, logística y protección de espacios del Estado para aprovecharse de esas vulnerabilidades y convertirlas en dinero para su provecho.

La acusación contra los 25 involucrados indica que al menos 12 mujeres fueron explotadas en la whiskería Roxi (también llamada Puro Movimiento) entre el 17 de junio de 2010 y el 10 de enero de este año, aunque la investigación podría determinar un período más extenso de tiempo. De acuerdo con los requerimientos de indagatoria, durante el período en que las causas estuvieron bajo el poder de Pont, en una de ellas el ahora ex fiscal –en mayo de este año, luego de que la Procuración General de la Nación lo apartara de los casos, presentó su renuncia efectiva a partir del primer día de junio– “confirmó que la mencionada whiskería funcionaba como un prostíbulo y sin más declinó la competencia federal a su respecto”, aún cuando eso violara una ley y la competencia fuera federal. En 2010, cerrró la instrucción de una de esas causas antes de dar cuenta de toda la red de personas involucradas; con el tiempo, pidió el decomiso de los bienes que eran “objeto y/o medio del delito de lavado de activos, entre los que se encontraban la whiskería Roxi y el Hotel Momentos”, pero eso nunca se efectivizó. De hecho, los locales volvieron a abrir y siguieron funcionando. “A veces iban los de Gendarmería y a veces la policía (...) esos mismos que realizaban los allanamientos eran clientes del lugar, y realizaban pases hasta uniformados”, contó una de las mujeres. Otra testimonió que tuvo “clientes que trabajaban en los tribunales federales y abogados”.

El año pasado, tras una denuncia anónima realizada a la línea 145, le fue encomendada a la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (Uesprojud) “Paso de los Libres” de Gendarmería Nacional la investigación de esos locales. Los gendarmes dieron cuenta de que allí, hasta diciembre del año pasado, al menos seis mujeres “oriundas de diferentes provincias del país y dos de ellas extranjeras” eran explotadas sexualmente de martes a domingo de diez de la noche a cinco de la mañana. “El sistema que se utilizaba para tener relaciones sexuales con las mujeres era por medio de un trago que costaba cien pesos o cervezas que costaban ciento veinte pesos, para que aquella se quedara sentada con el cliente hasta que lo terminara, y luego debían trasladarse la mujer y el cliente prostituyente al hotel Momentos, lindante al local. El costo del ‘pase’ de una hora era de seiscientos pesos, más la tarifa de ciento veinte pesos por la habitación del hotel”. Ante el local había “gran cantidad de flujo de vehículos” y en la parte de atrás del bar “se observaban habitaciones de color amarillo” que “se utilizaban para los ‘pases’”. A las mujeres les cobraban los preservativos, aunque eran entregados gratuitamente por un hospital.

La encargada del lugar –que ya fue indagada– tenía prohibición de salir del país y pedido de captura pero sin embargo cruzaba la frontera, de acuerdo con algunas pistas, para captar mujeres. A ella le era advertido con tiempo que “estaba la gente de la trata”, por lo que ella “hacía que todas las mujeres en situación de prostitución (...) se fueran corriendo del lugar y se escondieran en un estacionamiento de camiones que había detrás del local, en el medio del campo”.

Luego de que Pont fuera apartado y los allanamientos comenzaran a ser exitosos, las mujeres rescatadas dieron cuenta de que allí se aplicaba el clásico sistema que usan los tratantes para fortalecer y extender el dominio y la explotación sobre las víctimas captadas: retener sus documentos, inventar deudas que nunca terminaban, y que las mujeres debían cancelar vendiendo su cuerpo a los precios y durante las horas que los explotadores decidieran; no importaba si estaban enfermas, cansadas o menstruando. Una de las testigos contó que había quedado embarazada de un cliente, que le practicaron un aborto por el cual terminó hospitalizada; durante el tiempo de la internación, le dieron dinero para que no contara a nadie su situación, pero cuando le dieron el alta se lo retiraron y debió volver “a trabajar, realizando solo ‘copas’ pero los clientes se ‘daban cuenta’ de que ella no tomaba realmente las bebidas”, por lo que al día siguiente le ordenaron tomar alcohol y enseguida también “pases”. “Nunca le pagaron por lo que había trabajado, sino que le daban un poco de dinero para haerle giros a la hermana”; la encargada, dijo la mujer, le “encajó muchas multas” porque le contó su situación a un cliente.

En el prostíbulo anotaban los “pases” en un cuaderno, pero tenían un truco para evitar incriminarse: a cada una de las mujeres correspondía el nombre de un licor.

Cuando alguna mujer quería abandonar el lugar, sobrevenían las amenazas: a sus hijos o su familia, a su propia integridad física. En algunos allanamientos, las víctimas a las que dejaban permanecer para que hablaran con quienes llegaban para realizar el operativo mantenían el clásico discurso aleccionado: estaban por propia voluntad, no daban a nadie el dinero que obtenían a cambio de prostituirse; o bien estaban allí pasando el rato. Cuando la banda sospechaba que alguna mujer podría llegar a hablar y dar información a la justicia, dos abogados que la integraban recurrían a un ardid sofisticado: se presentaban como abogados de ellas y pedían “eximición de prisión”, aun cuando ellas fueran testigos; la sola mención de esa gestión alcanzaba a atemorizar a las mujeres, que desconocían el funcionamiento del sistema judicial y los alcances de su situación legal.

Las mujeres que refirieron el día a día de esos lugares contaron, también, vidas de extrema pobreza y desesperación por falta de trabajo: en su lugar natal, una “robaba mandioca para comer”; otra “se crió desde bebé en institutos de menores”; las hicieron viajar hasta Paso de los Libres con promesas de otros trabajos.