Tras los destrozos en el Cardiológico impulsan programa de seguridad

Sábado, 17 de septiembre de 2016

El fallecimiento de una mujer provocó la reacción de los familiares que decidieron desquitarse con bienes del mencionado centro asistencial.

Ante los hechos ocurridos el martes, autoridades del Gobierno decidieron diseñar un sistema para evitar hechos similares.

El director del Instituto de Cardiología de Corrientes, Julio Vallejos, mostró su preocupación por el grado de agresividad que hubo en las instalaciones del centro asistencial. Ante lo ocurrido, el Gobierno impulsa el Programa de Seguridad Hospitalaria con el objetivo de prevenir episodios de violencia.
El fallecimiento de una mujer – fue el martes -provocó la reacción de sus familiares que violentamente se descargaron insultando a los profesionales del centro de salud de la ciudad capital.
Además, con elementos contundentes, rompieron vidrios en la zona de emergencia. Esta situación generó la rápida reacción de las autoridades de la cartera sanitaria de la provincia que impulsan medidas para frenar nuevos ataques a los bienes del Estado.
En las últimas horas se dio a conocer detalles para activar un mecanismo que permita garantizar la seguridad de los empleados de la Salud Pública que son agredidos durante el ejercicio de su profesión en centros de salud.
Se trata del Programa de Seguridad Hospitalaria y está impulsado por los hechos de violencia que se dan en los centros de salud para salvaguardar al personal hospitalario.
En estos momentos se halla en una etapa de relevamiento de información, de cómo funciona actualmente la seguridad en los hospitales y cuáles son los hechos y en qué momento suceden.
Si bien hay material debido a que los directores de hospitales informan cuando ocurre un hecho, se busca documentar para la ejecución del programa. Primeramente se realizó una reunión junto al ministro de Seguridad de la Provincia, Horacio Ortega, los directores de hospitales de Capital, el director general de Gestión Hospitalaria Alberto Arreguin, y la directora de Asesoría Legal del Ministerio de Salud Pública, Candelaria Campias, quien tiene a cargo la ejecución.

El programa tiene diversos puntos que abarcan la problemática desde el punto de vista legal, de la prevención y de la adquisición de equipamiento para reforzar la seguridad.
Según informaron se realiza un trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Para ello se creó una mesa de trabajo para la elaboración de un Sistema de Seguridad Hospitalaria contra hechos de violencia en espacios públicos y privados para la atención de la salud pública. Este sistema tiene como único fin proteger a profesionales, a los usuarios y a los bienes del Sistema de Salud Pública Provincial.
Integran la mesa de trabajo, el personal de las áreas competentes del Ministerio de Salud: Dirección de Asesoría Legal, Dirección de Gestión Hospitalaria, Dirección de Sistemas, los Directores de Hospitales de la Provincia, los Jefes de Servicio de Seguridad de Hospitales de la ciudad y el personal del Ministerio de Seguridad: Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Jefes de la Policía Hospitalaria, Comisarios de distintas reparticiones policiales de la ciudad.
En esta etapa que se está ejecutando, se busca realizar un relevamiento para obtener información precisa y certera respecto a la información y estadísticas de hechos violentos y de inseguridad acaecidos en los últimos años que permitan la elaboración de un diagnóstico a fin de determinar opciones de medidas de prevención.
También se evalúa la infraestructura actual para la colocación de mecanismos de seguridad, como cámaras y sistemas de monitoreo, botones de pánico y rejas que permitan mejorar la seguridad en los hospitales y centros de salud.
Por su parte, desde la Dirección de Asesoría Legal se trabaja en la estrategia legal de tutela de derechos de profesionales, administrativos, usuarios y de la protección a bienes del sistema de salud pública ante hechos de violencia hospitalaria.
En estos momentos el Ministerio de Salud Pública se halla especialmente interesado en proteger a los profesionales de la salud, médicos, auxiliares, técnicos, administrativos y todo aquel que cumpla funciones al servicio de la salud pública. Por ello patrocina la reforma jurídica necesaria para que se considere un delito específico el ataque a los profesionales de la salud que en ejercicio de sus funciones sean víctimas de agresiones físicas o verbales, en espacios públicos o privados para la atención de la salud pública como así también a los bienes afectados a la prestación del servicio de la salud pública.