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Cuáles son los delitos por los que fue acusada Cristina
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Martes, 16 de agosto de 2016
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Los fiscales pidieron su indagatoria por defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles, aunque podrían ser ampliados. Ambos tienen una pena máxima de 6 años de prisión
La ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, su segundo José López y el empresario Lázaro Báez, junto al resto de los imputados fueron acusados por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
La defraudación a la administración pública tiene una pena de dos a seis años de prisión y las negociaciones incompatibles de uno a seis años. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques aclararon que establecieron esos delitos "sin perjuicio que el avance de la pesquisa permita encuadrar los hechos en figuras legales más gravosas".
"Los acusados lejos de velar por los ´intereses confiados´ —en autos los de la administración pública— a través de un gran número de conductas irregulares quebrantaron el deber de fidelidad que tenían para con los bienes del Estado e hicieron prevalecer el ´interés personal´ de los ex presidentes que pretendió beneficiar a su socio y amigo personal, para garantizarle un lucro indebido a costas del patrimonio del Estado", explicaron los fiscales.
Sobre ese delito señalaron que quienes fueron funcionarios públicos permitieron con su actitud la defraudación al Estado de la que Báez y el resto de los privados que integraban sus empresas se beneficiaron.
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Los funcionarios públicos nacionales "se encontraban a cargo de la administración del patrimonio del Estado" y los de la provincia de Santa Cruz eran "administradores de los fondos públicos nacionales como consecuencia de un acto jurídico —los convenios celebrados entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia General de Vialidad de Santa Cruz— que dotaron de funciones propias de un organismo nacional a los órganos locales".
Por su parte, Báez y el resto de los miembros de Austral Construcciones "resultaron beneficiados con el comportamiento infiel de los funcionarios públicos".
"El nombrado ocupó un papel fundamental en el reparto de tareas que permitió el desarrollo de la maniobra delictiva, ya que fue la persona escogida por los ex presidentes para que recibiera a través de la ingeniería societaria creada a tal fin, las sumas millonarias que representaban ser el principal contratista del Estado en la provincia de Santa Cruz y el único a nivel nacional al que no se le adeudaba dinero", dijeron los fiscales sobre Báez.
Pollicita y Mahiques concluyeron que "la participación criminal de los investigados en la maniobra perjudicial para la administración pública, la connivencia de todos ellos y la división de tareas de ambos sectores en su perpetración, los funcionarios desde puertas adentro y los empresarios puertas afuera".
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