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Dilma medita qué hará después del juicio político
Miércoles, 10 de agosto de 2016
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Más de dos tercios del Senado brasileño votó por la continuidad del impeachment este martes, por lo que la Jefa de Estado será juzgada antes de fin de mes. Está acusada de haber violado la Constitución
La presidente suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, tiene intensiones de pasar ocho meses afuera del país si es apartada de su cargo luego del juicio político en su contra.
De acuerdo a lo que publica el periódico Folha de San Pablo, la idea de la mandataria es pasar un tiempo en países de la región, entre los cuales baraja una estadía en Chile y Uruguay.
Elegiría esas naciones no sólo por el aprecio que les tiene, sino -sobretodo- para no alejarse de Brasil. Además, no quiere apartarse de sus nietos por mucho tiempo. Luego de esos ocho meses, Rousseff volvería a Porto Alegre, donde vive su familia.
El diario también afirma que no descartaría hacer un viaje por países europeos aunque allí su estadía sería menor.
El Senado de Brasil aprobó por mayoría el informe presentado por el relator Antonio Anastasia, quien recomendó destituir a la mandataria suspendida por haber cometido un "atentado contra la Constitución".
El documento fue apoyado por 59 legisladores, mientras que 21 votaron en contra, luego de 16 horas de sesión.
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View image on Twitter View image on Twitter Follow Infobae América ✔ @InfobaeAmerica El Senado de Brasil aprobó por mayoría el informe que pidió el juicio político a Rousseff http://infob.ae/2beqexU 6:00 AM - 10 Aug 2016 31 31 Retweets9 9 likes Tras la aprobación, Rousseff sólo tendrá una última oportunidad para evitar ser destituida. El juicio definitivo comenzaría en torno al 25 de agosto, cuatro días después de la clausura de los Juegos Olímpicos de Río 2016, y durará cinco días. Para su aprobación, la Cámara necesita el voto de al menos dos tercios de los senadores (54 de 81), cifra que ya superó en esta votación.
Rousseff está acusada de haber violado la Constitución al aprobar gastos sin la venia del Congreso y suscribir decretos para financiar al Tesoro con la banca pública.
En caso de perder el mandato, también quedaría inhabilitada para ejercer cargos públicos por ocho años.
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