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Millonario plan de seguridad para enfrentar al crimen organizado
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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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 El gobierno de Lula invertirá USD 2.241 millones en cárceles, inteligencia y control de bandas criminales.
El gobierno de Brasil presentó un nuevo programa nacional contra el crimen organizado que prevé una inversión de 11.000 millones de reales, equivalentes a unos 2.241 millones de dólares.
La iniciativa fue lanzada por la administración de Luiz Inácio Lula da Silva en medio del aumento de la violencia y de una creciente presión política y social por mejoras en la seguridad pública.
El plan, denominado “Brasil contra el Crimen Organizado”, apunta principalmente a debilitar el financiamiento de las bandas criminales, reforzar el sistema penitenciario y combatir el tráfico ilegal de armas.
Modernización de cárceles y control de líderes narcos
Uno de los ejes centrales del programa será la modernización de 138 cárceles en todo el país. El Ejecutivo brasileño confirmó la incorporación de drones de vigilancia, escáneres corporales y bloqueadores de señal para impedir comunicaciones ilegales desde las prisiones.
Además, se crearán sectores especiales para aislar a líderes criminales y evitar que continúen coordinando delitos desde las unidades penitenciarias.
Del total de la inversión anunciada, cerca de 10.000 millones de reales provendrán de líneas de financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil.
El mensaje de Lula y la presión electoral
Durante la presentación oficial en São Paulo, Lula aseguró que las organizaciones criminales “no seguirán controlando territorios” y reclamó una mayor coordinación entre la Policía Federal y la Justicia.
El mandatario también sostuvo que las estructuras del crimen organizado operan más allá de las periferias urbanas y señaló que existen redes económicas y financieras vinculadas a estas organizaciones.
La seguridad pública se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña presidencial brasileña de cara a las elecciones de octubre. La oposición, encabezada por el senador Flávio Bolsonaro, impulsa propuestas más duras inspiradas en políticas aplicadas en El Salvador.
Nueva ley y penas más severas
En paralelo al anuncio del plan de seguridad, el Congreso brasileño aprobó recientemente la llamada Ley Antifacción, destinada a combatir organizaciones criminales, milicias y grupos armados.
La normativa contempla penas de entre 20 y 40 años de prisión para delitos vinculados al control territorial, ataques explosivos, bloqueos de rutas y reclutamiento de menores.
Para los líderes de estas estructuras criminales, las condenas podrían alcanzar hasta 66 años de cárcel y con restricciones para acceder a beneficios penitenciarios.
El gobierno brasileño buscará ahora acelerar la implementación del programa y coordinar acciones con los estados federales, mientras la seguridad sigue ocupando un lugar clave en el debate político del país.
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