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Los Glacieres no solo se aloja en el sur tiene cuencas interprovinciales
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Viernes, 27 de febrero de 2026
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 El deber del Estado de garantizar el derecho al agua y a un ambiente sano. No hay bienestar posible para la población argentina si se destruyen las fuentes de agua, fundamentales tanto para la vida como para las actividades productivas económicas.
La Ley 26.639 es una norma clave para preservar glaciares y ambientes periglaciares: las principales reservas de agua de una enorme porción del país.
En caso de ser aprobada, la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin objeto una normativa clave, producto de una amplia movilización social, del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones. La normativa vigente, ejemplo a nivel internacional, establece presupuestos mínimos para proteger las fuentes de agua en los territorios de alta montaña.
La reforma que intentan impulsar no es una actualización técnica, ni una mejora normativa: se trata de una reforma constitucional de facto, ya que la normativa quebraría el sistema de presupuestos mínimos y crearía un escenario de inestabilidad jurídica y legislativa.
La reforma pretendida pone en riesgo el acceso al agua de más de siete millones de personas, al afectar cuencas hídricas enteras y profundizar conflictos territoriales ya existentes. El agua afectada no se encuentra solamente en las provincias que alojan los glaciares, ya que las cuencas son interprovinciales; como lo son también las napas, que son alimentadas por los hielos de montaña. Estas zonas cumplen un rol irremplazable en la regulación hídrica y climática, y su degradación tiene consecuencias irreversibles.
Desde las organizaciones ambientales y de la sociedad civil advierten que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua y contradice principios básicos del derecho ambiental, como el principio de no regresión y el deber del Estado de garantizar el derecho al agua y a un ambiente sano. No hay bienestar posible para la población argentina si se destruyen las fuentes de agua, fundamentales tanto para la vida como para las actividades productivas que componen el entramado económico argentino.
El proyecto de reforma de la Ley que se busca aprobar de manera definitiva propone, entre otras cosas, que sean las provincias las que decidan qué glaciares merecen protección y cuales se pueden destruir con actividades extractivas, algo que hoy está prohibido. No es un tecnicismo legal: modificar la ley impacta directamente en la seguridad hídrica de más de 7 millones de argentinos y argentinas.
Pedimos a los diputados y diputadas que honren el compromiso que asumieron hace 15 años cuando se sancionó esta ley, reconociendo el valor estratégico del agua y la responsabilidad de preservarla para las próximas generaciones. En sus manos está una decisión que definirá el futuro hídrico del país. El tiempo de mirar para otro lado se terminó. La Ley de Glaciares No se Toca.
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