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ARCA modificó las estampillas fiscales de los cigarrillos: qué cambia a partir de ahora
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Viernes, 22 de noviembre de 2024
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 La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la ex AFIP, actualizó las normativas para el sector tabacalero con la implementación de nuevas estampillas físico-digitales y un registro exclusivo para empresas manufactureras de cigarrillos
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció un cambio significativo en la regulación del sector tabacalero a través de la Resolución General 5603/2024, publicada en el Boletín Oficial. Según el comunicado oficial, esta medida busca implementar nuevas estampillas fiscales físico-digitales con mayores niveles de seguridad y promover la transparencia en el sector tabacalero.
“La Resolución General 5603/2024 establece precisiones respecto al otorgamiento, utilización y registro de los IFC físico-digitales, con el objetivo de dotar de mayor transparencia al sector tabacalero, combatir la competencia desleal, completar el circuito de trazabilidad de los cigarrillos y evitar maniobras evasivas que promuevan la marginalidad y distorsión del mercado”, detalló el organismo en el comunicado oficial difundido el 22 de noviembre de 2024.
Asimismo, la resolución dispone la creación de un “Registro Fiscal de Empresas Manufactureras de Cigarrillos”, que reemplazará al registro previo dedicado a los operadores del sector tabacalero. Este nuevo sistema “permitirá implementar mayores medidas de seguridad y simplificar los trámites a través del uso de nuevas tecnologías”, destacó ARCA.
Otra de las novedades es que el sistema incluirá la implementación del software denominado “Solución de Trazabilidad, Identificación y Control (STIC)”, desarrollado en colaboración con la Sociedad del Estado Casa de Moneda. Según el comunicado, este sistema fue diseñado para garantizar un seguimiento detallado de la producción y comercialización de cigarrillos, lo que mejorará la fiscalización de los impuestos internos.
El organismo también resaltó que la resolución se elaboró bajo el procedimiento de consulta participativa, lo que garantizó “principios de igualdad, publicidad, informalidad y gratuidad”. Este mecanismo permitió a las partes interesadas realizar sugerencias y propuestas antes de la publicación de la norma definitiva.
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