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Analizarán en qué juzgado debe investigarse la muerte
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Viernes, 27 de mayo de 2016
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 La Cámara de Casación aceptó un planteo de Lagomarsino. El tribunal dijo que podría estar afectado el derecho a "ser juzgado en un plazo razonable".
Deberá fijar una audiencia con todas las partes
La Cámara Nacional de Casación Penal aceptó tratar un planteo de la defensa del técnico informático Diego Lagomarsino para volver a analizar qué juez debe intervenir en la causa por la muerte del fiscal del caso AMIA Alberto Nisman, que hace dos mes pasó a un magistrado federal.
La sala de turno de Casación aceptó el pedido porque sostuvo que en el caso podría existir una afectación al derecho de Lagomarsino a "ser juzgado en un plazo razonable" por "la presunta verificación de dilaciones indebidas" y por una posible violación del derecho de defensa en el fallo que dictó la Cámara del Crimen.
Ahora el tribunal deberá fijar una fecha para convocar a todas las partes para que expongan sus argumentos antes de resolver. Esa fecha podría ser el 14 de julio, informaron a Infobae fuentes judiciales.
Así, un nuevo tribunal revisará la competencia de la causa por la muerte de Nisman. La resolución no es menor porque se pone en juego nuevamente el pronunciamiento de un tribunal respecto de si hay elementos para sospechar que a Nisman lo mataron o se suicidó.
La decisión de Casación será en agosto. Mientras tanto la causa continuará a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano.
Cuando el 11 de abril pasado los 60 cuerpos de la causa llegaron a los tribunales de Comodoro Py todos creían que no había más discusiones sobre el destino de la causa. El expediente quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Taiano, en quien quedó delegada la investigación y creó un equipo especial. El magistrado ordenó reanudar la autopsia psicológica a Nisman y se reactivó un entrecruzamiento de llamadas telefónicas a cargo de Gendarmería Nacional.
Nisman fue encontrado muerto el 15 de enero del año pasado en el baño de su departamento en Puerto Madero con un tiro en la cabeza. Cuatro días antes había denunciado a la entonces presidente Cristina Elisabet Kirchner, al canciller Héctor Timerman y otros funcionarios y allegados del gobierno por el presunto encubrimiento de los acusados del atentado a la AMIA y al día siguiente debía presentarse en el Congreso. Lagomarsino es el único imputado en la causa –pero nunca fue indagado– y está acusado por haberle dado a Nisman el arma con la que murió.
La causa estuvo a cargo de la fiscal de instrucción Viviana Fein y de la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini. La fiscal tuvo un duro enfrentamiento con Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro y querellante en la causa como madre de las hijas de Nisman, que criticó su actuación y pidió su apartamiento del caso. Fein dejó la Justicia hace una semana y dijo que creía que a Nisman lo obligaron a matarse.
Las dos querellas de la causa –también interviene la madre de Nisman, Sara Garfunkel– sostienen que a Nisman lo mataron por su cargo de fiscal y pidieron que la causa pase al fuero federal. La defensa de Lagomarsino considera que no hay elementos para sostener esa hipótesis y quiere que el expediente siga en instrucción.
La jueza Palmagahini se declaró incompetente el 1º de marzo pasado y dispuso que la causa cambie de fuero pero no se pronunció sobre qué había pasado con Nisman.
El caso llegó a la Cámara del Crimen y el 22 de marzo dieron crédito a la hipótesis del homicidio y dispusieron el cambio de fuero. Los jueces Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich dijeron que "existen razones más que plausibles para poder dar crédito a la hipótesis de máxima que sugieren los acusadores, tanto públicos como privados, para suponer que la muerte de Alberto Natalio Nisman también pudo ser el resultado de la actividad de terceras personas en el marco de su función".
La defensa de Lagomarsino apeló y llevó el caso a la Cámara Nacional de Casación, la nueva instancia en la que está la causa.
Los jueces de la Sala de Turno, Mario Magariños, Daniel Morín y María Laura Garrigós de Reborí, recibieron el caso y fijaron una audiencia con las partes para el 14 de julio para escuchar sus argumentos y decidir si aceptan tratar el planteo. Para eso le pidieron al juez Ercolini la causa y el magistrado les envió copia. Pero con ese primer análisis descartaron la audiencia y decidir tratar la apelación.
"Sin abrir juicio sobre el fondo del asunto, y limitándonos a la cuestión atinente a la admisibilidad formal del recurso en estudio, corresponde indicar que el recurrente ha alegado en forma fundada conforme lo requerido por el art. 463 CPPN, al mero efecto de la admisibilidad de su recurso la afectación, en el caso, de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable a partir de la presunta verificación de dilaciones indebidas en el proceso que se verían agravadas por la declaración de incompetencia impugnada", señalaron los jueces de Casación.
Agregaron que "así como también se ha agraviado en cuanto a que estima que existe una vulneración al derecho de defensa en tanto la resolución recurrida se encuentra fundada en consideraciones que excedieron ampliamente aquellas debatidas por las partes y que sostuvieron el razonamiento de la señora juez de instrucción para declarar su incompetencia".
"En las particulares circunstancias de autos, tratándose de un proceso que presenta una investigación preliminar extendida por más de un año y tres meses, y plasmada en un expediente de más de sesenta cuerpos, la alegación del impugnante en cuanto a las indebidas dilaciones que el cambio de fuero puede generar, merece, al menos, ser objeto de examen", concluyeron los camaristas.
Así abrieron el recurso para tratar la apelación de la defensa de Lagomarsino. Para eso deberán citar a todas las partes a una audiencia que se prevé puede mantenerse en la fecha del 14 de julio. Luego de eso los jueces tienen cinco días hábiles para resolver si la causa queda en el juzgado de Ercolini o vuelve a manos de Palmaghini.
Esa resolución se conocerá en agosto porque un día después de la audiencia comienza la feria judicial de invierno que pone en receso a los tribunales por dos meses.
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