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Postergan el juicio contra el exjuez federal Soto Dávila
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Jueves, 9 de diciembre de 2021
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 La medida se adoptó al no encontrarse en el expediente declaraciones de arrepentidos y otras pruebas.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes postergó sin fecha el juicio al exjuez federal de esta ciudad Carlos Soto Dávila y un grupo de funcionarios y abogados por el supuesto cobro de coimas provenientes del narcotráfico, debido a que no se encuentran en el expediente declaraciones de arrepentidos, entre otras pruebas, informaron fuentes judiciales.
A través de una resolución, el tribunal, integrado por los subrogantes Juan Manuel Iglesias (de Chaco), Rubén Quiñones (de Formosa) y Manuel Moreira (de Misiones), suspendió nuevamente los plazos del juicio por supuesta "asociación ilícita y cohecho", en el que están imputados el exmagistrado, dos secretarios y un exempleado del Juzgado, comoasí también un grupo de abogados correntinos.
Se trata de la ratificación de una suspensión que fue declarada en noviembre último a pedido de las defensas, dado que no se encuentran en el expediente "legajos de identidad reservada, legajos de arrepentidos, legajos de investigación e incluso expedientes que tramitaron con anterioridad o simultáneamente a la presente causa", señalaron los jueces, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
En su medida, los magistrados también reiteraron los pedidos a los tribunales federales Nº 3 y Nº 6 de CABA, y al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12 de Buenos Aires, "solicitando [que] se remita a la brevedad la documentación", indicaron.
Las pruebas solicitadas fueron reunidas en causas conexas, como la del operativo Sapucay, por narcotráfico desde Itatí a diversas partes del país y que este año terminó con condenas de entre 17 y cuatro años y medio de prisión a implicados.
Por su parte, Aníbal Ibarra, defensor del secretario del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, Federico Grau, puso de manifiesto "la necesidad de contar con las declaraciones completas de arrepentidos, para ejercer el derecho de defensa y ofrecer prueba en función a ello, alegando el principio de igualdad". La medida surgió en respuesta a un planteo de la Fiscalía, y de la Procunar.
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