Gremialistas rechazaron ir a Diputados y Cambiemos negocia modificaciones

Jueves, 5 de mayo de 2016

Dos vertientes de la CGT y las dos CTA se negaron a comparecer ante las comisiones.

Reclaman que se vote cuanto antes. El oficialismo discute cambios para devolver el proyecto al Senado

Las discusiones por el proyecto de ley que prohíbe los despidos por 180 días avanzan a tropezones en Diputados. Blanco de las acusaciones cada vez más duras del kirchnerismo y los sindicalistas, Cambiemos hace un doble juego: mientras demora el giro de la propuesta que ya fue votada por el Senado, negocia con la oposición modificaciones al texto para que deba regresar a la Cámara alta.

Este miércoles, el oficialismo logró que el plenario de comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda fijasen un cronograma de expositores para dilatar el debate y postergar la votación al menos hasta el jueves 19 de mayo.

Los primeros invitados a exponer su posición fueron los gremialistas. Pero cuatro de las cinco centrales sindicales rechazaron la maniobra: a través de una serie de cartas, las CGT de Hugo Moyano y de Antonio Caló y las CTA de Hugo Yasky y de Pablo Micheli anunciaron que no irían hoy al debate. De todas formas, el plenario fue convocado para este jueves a las 14.

"Hay una generación de sindicalistas que se quedaron en los 80. Quieren hacer la gran (Saúl) Ubaldini a un gobierno de cinco meses y 70% de apoyo popular", acusó Luciano Laspina, titular de la comisión de Presupuesto por el oficialismo. La referencia a los 13 paros generales que sufrió Raúl Alfonsín durante su presidencia fue más que clara.

Las cuatro centrales sindicales no hicieron alusión a las acusaciones, pero recordaron que ya dieron su opinión durante el debate en el Senado y consideraron innecesario volver a presentarse. Todos ellos pidieron que terminen las dilaciones y exhortaron a que Diputados vote el proyecto tal y como lo envió la Cámara alta.

Denuncia contra Michetti e intento de sesión especial

El proyecto que prohíbe los despidos por seis meses y establece una doble indemnización en caso de que la orden no se cumpla fue votado hace ocho días por el Senado. Sin embargo, la vicepresidente Gabriela Michetti todavía no lo giró a la Cámara de Diputados.

El oficialismo dio en los últimos días una serie de excusas técnicas, pero a esta altura ya nadie tiene dudas: se trata de una maniobra para dilatar el debate y enfriar los embates de la oposición para que la propuesta sea tratada cuanto antes.

A las 10 de la mañana, el Frente para la Victoria (FpV) bajará a Diputados para hacer el intento de convocar a una sesión especial. Aunque cuenta con el respaldo del Frente de Izquierda, Libres del Sur, el Partido Socialista y Proyecto Sur, no alcanzaría a reunir el número suficiente para iniciar el debate.

Pero aún si contase con el número, para iniciar la sesión necesita que el proyecto aprobado por el Senado ingrese por la mesa de entradas de Diputados, algo que hasta esta mañana no había sucedido.

Fastidiado por las dilaciones, el bloque del FpV anunció que presentará una denuncia contra Michetti por violar sus obligaciones como funcionaria pública. Según argumentan, al no enviar el proyecto, la titular de la Cámara alta incumple con el artículo 216 del reglamento parlamentario, que establece sanciones "cuando de cualquier modo y en cualquier lugar se obstaculiza o impide a los miembros de la Cámara el ejercicio de su actividad parlamentaria".

Negociaciones por cambios
El Frente Renovador de Sergio Massa anunció su intención de introducir cambios al texto enviado por el Senado. Pero, si no lo logra, ya anticipó que acompañará la iniciativa tal cual fue votada por la Cámara alta. Esa promesa asegura ya a la oposición los votos necesarios para convertir el proyecto en ley.

Atentos a ese panorama, en el oficialismo empezaron las gestiones para convencer a los bloques opositores no kirchneristas de que introduzcan cambios a la propuesta original. En caso de que Diputados termine por votar una versión modificada, el texto deberá volver al Senado para que sea ratificado o rechazado.

Cambiemos argumenta que, tal como está, el presidente Mauricio Macri habrá de vetar la ley. Pero si las pequeñas y medianas empresas (PyME) son excluidas de la iniciativa, sugieren que el mandatario podría aceptar la promulgación de una versión diluida de la norma, ya que el 70% de las empresas quedaría excluido.

Además, el oficialismo pretende que la ley salga junto con el proyecto de primer empleo para jóvenes de entre 18 y 24 años que el Poder Ejecutivo envió semanas atrás. A su vez, el massismo pide que al paquete se le agregue su propuesta para fomentar la contratación de jóvenes y adultos mayores por parte de las empresas.

Si bien enfrentan resistencia dentro de sus propias bancadas, tanto el interbloque massista Unidos por una Nueva Alternativa (UNA) como el Bloque Justicialista de Diego Bossio se inclinan por aceptar la introducción de diversas modificaciones a la propuesta.

Tensa reunión en el massismo
Anoche, el interbloque de 38 diputados massistas tuvo una larga reunión para intentar unificar una posición en común. Con Facundo Moyano y Héctor Daer a la cabeza, los seis legisladores de extracción gremial insistieron en la necesidad de que el proyecto sea votado cuanto antes y sin cambios.

La jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, y el propio Massa insistieron en la necesidad de intentar modificar la norma. Su postura terminó por imponerse: la bancada tratará de introducir modificaciones para excluir a las PyME del proyecto.

El encuentro empezó con momentos de tensión por las diferencias. Pero, cerca de las 22, todos se despidieron con un aplauso. Pase lo que pase, los presentes se comprometieron a votar juntos. ¿Se cumplirá?

Antes de regresar a su casa, Massa hizo una parada en la tradicional confitería Las Violetas del barrio de Caballito. El diputado nacional bajó a comprar una torta para celebrar a la medianoche el cumpleaños de su mujer Malena Galmarini.