Legisladores repudiaron descuentos de coparticipación

Viernes, 29 de abril de 2016

En una conferencia de prensa, diputados y senadores del Frente para la Victoria anunciaron que denunciarán penalmente al Gobernador y al ministro de Hacienda.

Es debido a las retenciones de coparticipación que se aplican a Capital. Tildaron a la medida de “inconstitucional y arbitraria”.

Senadores y diputados del Frente para la Victoria y el Partido Nuevo suscribieron un documento en el que expresan su “enérgico repudio” a los recortes de fondos coparticipables, que consideran “inconstitucionales y arbitrarios”, que el Gobierno provincial aplica a la Comuna capitalina. Anunciaron que denunciarán al gobernador Ricardo Colombi y al ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres.
La poda de recursos, que según la Comuna alcanzaría el 52% del goteo diario, configura para los legisladores una “retención indebida de coparticipación”; que es “violatoria del artículo 228 de la Constitución provincial” y del “convenio de reestructuración de Deuda firmado el 29 de febrero”. “Con sus actos irregulares Ricardo Colombi pone en riesgo el pago de haberes a más de 4.000 agentes municipales, impidiendo la satisfacción del bien general en obras y servicios esenciales para los casi 500.000 vecinos de la ciudad”, indica el documento.
“Haremos una denuncia penal contra el Gobernador, el Ministro de Hacienda y a las autoridades del Banco de Corrientes que están avalando esta defraudación”, remarcaron.
En conferencia de prensa, legisladores provinciales del FPV y aliados expresaron su “más enérgico repudio” a los recortes de fondos que el Gobierno provincial aplica a la Municipalidad.
“Entre el 1 y el 26 de abril de 2016, el Ejecutivo provincial le descontó a la Comuna capitalina $27.600.000, lo que representa casi el 52% de la Coparticipación que debió recibir el Municipio. Estas retenciones le están generando graves desequilibrios financieros a la Comuna, ponen en peligro el pago de sueldo a los trabajadores comunales, generan riesgos en la prestación de servicios esenciales y frenan la ejecución de obras públicas”, denunciaron los ediles.
Por esta razón anunciaron que iniciarán una demanda penal contra el gobernador Ricardo Colombi, su ministro de hacienda Enrique Vaz Torres, autoridades y funcionarios del banco de Corrientes que oficia de agente de retención.
Los legisladores suscribieron un documento en el que denuncian a Colombi como “principal responsable político del ahogo financiero que intenta generarle a la Municipalidad a través de retención indebida de coparticipación; en una clara muestra del autoritarismo con que gobierna”.
Los senadores Daniel Alterats, Mario Bofill, Rubén Pruyas, Roberto Miño, María Inés Fagetti, Nancy Sand, Nora Nazar; y los diputados César Acevedo, Martín Barrionuevo, Ernesto Meixner, José Mórtola y Anahí Moray expusieron que “esta actitud del Ejecutivo resulta grosera y violatoria al artículo 228 de la Constitución Provincial que protege la plena autonomía de los municipios en cuanto a la administración de sus recursos”.
“Rechazamos los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para sostener la caída del convenio de reestructuración de deuda firmado con el Municipio el 29 de febrero, cuando ese instrumento formalizó lo que era una obligación del Gobernador por imperio de la Ley N°6.366 del Presupuesto 2016, cuyo artículo 20 dispone: el Poder Ejecutivo hará extensivo a los Municipios que mantengan deudas con el Estado Provincial las mismas condiciones obtenidas con la Nación en la reprogramación de la deuda pública provincial”, expresaron los legisladores.
Por esta razón la senadora María Inés Fagetti adelantó: “Vamos a ir a la Justicia Penal para que se investiguen estos hechos que, estamos seguros, configuran un delito”.
“Haremos una denuncia penal al Gobernador, al Ministro de Hacienda y a los funcionarios del Banco de Corrientes que están avalando esta defraudación al Estado Municipal”, remarcó.
En el documento que ayer presentaron a la prensa, los legisladores provinciales advierten que “con sus actos irregulares Ricardo Colombi pone en riesgo el pago de haberes a más de 4.000 agentes municipales, con los consiguientes daños que su actuación genera, impidiendo la satisfacción del bien general en obras y servicios esenciales para los casi 500.000 vecinos de la Ciudad de Corrientes”.
Detallan que se ve afectada la prestación de servicios públicos como atención primaria de la salud, asistencia social, higiene urbana, recolección de residuos, obras de infraestructura: pavimentación, construcción de veredas, transporte público, mantenimiento de comedores y centros de atención infantil, entre otros.
La senadora Nancy Sand manifestó que los motivos por los cuales el Gobierno llegó a esto “no tienen sustento legal y no tienen que ver con deudas, sino que evidentemente la razón es política: es una revancha que se está tomando el Gobernador porque este espacio político le dio a Nora Nazar la presidencia de la Comisión de Poderes del Senado”.