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Los trajeron desde Bolivia para trabajar y los explotaban
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Miércoles, 30 de marzo de 2016
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 Los intengrantes de la familia oriunda de Bolivia, dos mayores y cinco menores, fueron trasladados a un SUM del barrio Esperanza, donde les proveen contención.
Por estas horas se realizan allanamientos y la causa es investigada por la Fiscalía Federal 2.
El grupo familiar fue desalojado del predio tras reclamar por las malas condiciones laborales y de habitabilidad con las que se encontraron. La administración del intendente Fabián Ríos le brinda a la familia contención, asistencia alimentaria, prestaciones médicas y ropa.
Además se promovió una denuncia, por explotación laboral y reducción a la servidumbre, que está radicada en el Fiscalía Federal Nº 2. Ahora se realizan allanamientos simultáneos en busca de más familias explotadas.
En el SUM del barrio Esperanza, la Comuna capitalina contiene a una familia (dos mayores y cinco menores) proveniente de Bolivia, que llegó a la Ciudad con falsas promesas de trabajo en explotaciones hortícolas irregulares en Santa Catalina.
Hace una semana que el Municipio capitalino contiene a una familia, proveniente de Tarija (Bolivia) que fue trasladada hasta la Ciudad con falsas promesas de trabajo en la zona de Santa Catalina.
El grupo familiar, compuesto por dos mayores y cinco menores, actualmente está alojado en el SUM y la Delegación Municipal del barrio Esperanza; donde se les provee alimento, prestaciones sanitarias, ropa y demás acciones de contención.
Se trata de una familia que llegó el pasado 16 de marzo desde Tarija, Bolivia, hasta el predio de Santa Catalina y a una quinta de la localidad El Sombrerito con un supuesto contrato laboral donde se les indicaba que iban a obtener trabajo digno, vivienda y estudios para sus cinco hijos menores de edad.
Tras corroborar que el explotador no cumplió con las promesas, por el contrario las condiciones de vida eran indignas; el titular de la familia Hugo Adalberto Cena Zeballos hizo los reclamos correspondiente a quien se presentó como dueño de una explotación hortícola en el predio municipal Santa Catalina.
Al ver vulnerado los derechos de su familia, Cena Zeballos pudo conseguir otro trabajo en una zona adyacente, donde finalmente fue echado por el propietario debido a que “iba a tener problemas con su contratista”.
Finalmente toda la familia boliviana fue desalojada del predio y abandonada a la vera de la avenida Maipú, donde fue encontrado por los agentes municipales del barrio Esperanza. Por instrucciones del intendente Fabián Ríos, el personal comunal les dio alojamiento en la Delegación del barrio Esperanza donde actualmente se les está proveyendo de comidas, agua mineral, colchones y ropa.
El miércoles 23 de marzo el titular del Servicio Jurídico Permanente de la Municipalidad, Justo Pío Sierra, acompañó al padre de la familia a radicar la denuncia a la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo del doctor Flavio Ferrini.
Cena Zeballos relató las pésimas condiciones laborales y de habitabilidad a las que fue sometido, junto a su esposa y sus hijos; además de las otras familias que se encuentran en esta situación.
En su declaración consta que durante su estadía en la quinta “El Sombrerito” fue asistido por “un kilo de arroz, una bolsa de cebolla y un aceite de dos litros”. Además contó que les dieron “una casa vieja, precaria y en muy malas condiciones”.
Esta denuncia originó allanamientos simultáneos, que se están produciendo en explotaciones hortícolas ilegales en Santa Catalina y en campos de la localidad el Sombrero; con el objetivo de rescatar a más familias que se encuentren en similares situaciones de explotación laboral y reducción a la servidumbre.
Las pesquisas son encabezadas por la Fiscalía Federal Nº 2 de Corrientes, la Secretaría de Derechos Humanos de la Justicia Federal correntina; la División Trata de la Justicia Federal; la Gendarmería Nacional y el acompañamiento de la Municipalidad de Corrientes.
Vale destacar que la gestión del intendente Fabián Ríos impulsó un anterior golpe al trabajo esclavo, en abril del 2014, cuando la Justicia Federal pudo rescatar a 98 personas de nacionalidad boliviana que estaban en malas condiciones de habitabilidad en otras explotaciones agrícolas en Santa Catalina.
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