Piden embargar los bienes millonarios de Liuzzi

Martes, 26 de septiembre de 2017

La Oficina Anticorrupción determinó que no puede justificarlos. La medida es para impedir alguna maniobra insolvente.

Carlos Liuzzi integra la lista de ex funcionarios que se hicieron ricos durante el kirchnerismo. Llegó a la Casa Rosada en 2003 con apenas $265.000 y se retiró con dos departamentos lujosos en Puerto Madero, un spa en ese mismo barrio, campos en Mendoza, y acciones de varias empresas. Las gestiones silenciosas de su ex jefe, Carlos Zannini, en Comodoro Py casi lo dejan al margen todo. Dos jueces lo sobreseyeron, pero no lograron cerrar la causa por enriquecimiento. En ese expediente, la Oficina Anticorrupción acaba de pedirle al juez Marcelo Martínez De Giorgi que le embargue los bienes a Liuzzi para asegurar el recupero del dinero, si algún día es condenado.

Liuzzi finalizó su gestión como subsecretario de Legal y Técnica con un patrimonio declarado (se duplica si se tiene en cuenta los valores de mercado de las propiedades) de $8.940.611. Para la querella, que logró mantener la causa activa, ya están probadas una serie de inconsistencias patrimoniales "que denotan un incremento injustificado del patrimonio de Liuzzi y su esposa", la abogada Thaiss del Corazón del Jesús Hidalgo.

¿Cuáles son esas inconsistencias?

1) La compra de un departamento en Azucena Villaflor al 400, a la empresa Mulleris SA, por un valor de 808.000 dólares. La escritura se firmó en febrero de 2011. Para la Oficina Anticorrupción, Liuzzi no contaba en ese momento con los fondos suficientes. "La compra del inmueble fue por un valor de $ 3.272.400 pesos y de acuerdo a lo declarado por Liuzzi en el año 2010, éste sólo contaba con acreencias con la empresa Mulleris SA por un valor de $ 938.088 pesos", dice la presentación a la que tuvo acceso Infobae.

2) La compra de un campo en Tupungato, en la provincia de Mendoza. Liuzzi tampoco logró acreditar que tuviera suficientes fondos para esa operación.

3) La compra de un departamento, y cuatro cocheras, a nombre de su esposa en Olga Cossettini 1112. Esa propiedad habría costado 330 mil dolares. Según la escritura, 220 mil dólares fueron abonados antes de la fecha de la escritura, y el resto el día de la compra, a través de una hipoteca con el Banco Nación.

El primer dato sospechoso es que el vendedor fue Diego Martín Scotti, cuñado de Liuzzi (es el esposa de la hermana). Pero tampoco cierran los números.

La mujer de Liuzzi, echada de la Procuración del Tesoro durante la gestión de Cambiemos, intentó justificar 987.800 pesos abonados antes de la escritura, a través de un mutuo que acordó con el vendedor, y otros 591.700 a través de ingresos propios. Pero sus declaraciones juradas muestran que no tenía ese dinero. "Surge de la declaración jurada presentada ante la AFIP del año 2011 y de la DDJJ presentada ante la OA, que la Sra. Hidalgo sólo había declarado dinero en efectivo, por un valor de $ 200.000 pesos", concluyó la Oficina Anticorrupción.

4) Liuzzi tampoco puede explicar cómo compró un segundo departamento en el edificio de Azucena Villaflor al 400. Esa operación se concretó en marzo de 2013, a un valor de $ 7.500.000 pesos. Para justificar el dinero, Liuzzi siempre dijo que había vendido el primer departamento, pero la operación nunca fue probada ante la Justicia. Tampoco pudo probar otros ingresos que habría utilizado para poder pagar el monto total. Su mujer, por ejemplo, habló de ingresos por honorarios profesionales. Pero nunca aparecieron las facturas.

El organismo que conduce Laura Alonso pidió ahora que se dispongan medidas cautelares sobre el patrimonio de Liuzzi, su esposa, y de las sociedades que integran para evitar "posibles maniobras de insolvencia tendientes a hacer desaparecer los bienes con los que eventualmente los nombrados deberán responder". La decisión está en manos del juez Martinez de Giorgi.

La causa de enriquecimiento ilícito de Liuzzi ya lleva cinco años. El ex funcionario fue sobreseído dos veces sin investigar lo suficiente. Sobre las cuentas bancarias, por ejemplo, no se habían solicitado los últimos movimientos. Tampoco se había investigado el patrimonio de toda la familia en el período correcto.

Oyarbide fue el primer juez que lo benefició hasta que el escándalo de la llamada, en medio de un allanamiento, permitió reabrir el expediente. Luego el juez Luis Rodríguez insistió con el sobreseimiento. La Cámara puso las cosas en su lugar. La Justicia tiene una tercera oportunidad.