Pidieron anular un sobreseimiento de Ricardo Echegaray por fraudulento

Miércoles, 20 de septiembre de 2017

Es una causa por no investigar a Lázaro Báez. El gobierno dijo que se hizo de manera irregular y reclamó reabrir el caso. El gobierno nacional pidió la nulidad de un sobreseimiento del ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por considerar que fue dictado de manera fraudulenta.

La Unidad de Información Financiera (UIF) le hizo ese planteo al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en una causa en la que el ex magistrado Norberto Oyarbide sobreseyó en diciembre de 2015 -a días de la finalización del segundo mandato de Cristina Kirchner- en una causa por la presunta protección al empresario Lázaro Báez.

La denuncia contra Echegaray la presentaron en 2014 diputados del PRO que plantearon que el titular de la AFIP no investigaba y entorpecía las pesquisas contra las empresas de Báez -hoy detenido y procesado por lavado de dinero- por el presunto uso de facturas truchas en Bahía Blanca.

Oyarbide sobreseyó a Echegaray y la desvinculación quedó firme porque el fiscal federal Guillermo Marijuán la consintió ya que no apeló el fallo para que sea revisado por la Cámara Federal.

Ahora, la UIF entiende que se trató de una resolución fraudulenta y pidió que se la anule para que Echegaray vuelva a ser investigado. Quiere que se aplique la figura de "cosa juzgada írrita", que permite reabrir causas ya cerradas cuando se determine que se hizo de manera irregular.

"La resolución impugnada que pretendió poner fin al pleito adolece de serios vicios que provocan su nulidad absoluta y, por ende, impiden que pueda esgrimirse como cosa juzgada. Ya sea por haber sido inducido a error el entonces juez actuante o bien por haber actuado con mala fe procesal", sostuvo el organismo en su presentación en una nota publicada por el diario La Nación.

La UIF señaló que Oyarbide dictó el sobreseimiento en base a informes de organismos como la propia AFIP, la ANSES y la Inspección General de Justicia (IGJ). "No es un dato menor que esos organismos fueran manejados por funcionarios ligados al gobierno de Cristina Kirchner", señaló la UIF.

La presentación deberá ser analizada ahora por el juez Martínez de Giorgi, quien reemplazó en el juzgado federal 5 a Oyarbide cuando renunció en abril del año pasado cuando atravesaba varias denuncias por su desempeño que podían llevarlo a la destitución.