La nueva ley de ética pública que impulsa el Gobierno

Lunes, 18 de septiembre de 2017

Con el apoyo de la oposición y la Oficina Anticorrupción, el Ejecutivo busca emitir dictamen de la iniciativa antes de las elecciones. El detalle y la letra chica

Una reforma de la ley de ética pública "amplia, profunda y más abarcativa". En estos términos está elaborando el Gobierno, con acuerdo de algunos sectores de la oposición, una ambiciosa iniciativa que apunta a darle mayor transparencia al Estado y poner bajo la lupa a los familiares de funcionarios, sindicalistas, jueces y legisladores en el manejo de fondos, la transparencia de sus declaraciones de bienes y los eventuales conflictos de intereses.

Según confiaron a Infobae fuentes calificadas de la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri dio instrucciones precisas a los legisladores de Cambiemos y a Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, para avanzar antes de octubre en un dictamen del proyecto de reforma a la ley de ética que fue sancionada en 1999 y emparchada luego por el kirchnerismo.

"La ley de ética pública es antigua y estamos colaborando junto a otros sectores para actualizarla", admitió un funcionario que trabaja activamente en el tema junto con sectores del massismo y el peronismo anticristinista en una subcomisión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

La diputada radical Karina Banfi fue más allá: "Confiamos en que antes de las elecciones podamos tener un dictamen de un proyecto que es central para impartir más transparencia pública en la Argentina", señaló a Infobae.

Entre los puntos que contempla el borrador de este anteproyecto de reforma de ley figura una fuerte regulación y cambios en el régimen de las declaraciones juradas de los funcionarios. Así, por ejemplo, se prevé recuperar la información que en 2013 se convirtió en reservada relacionada con los cónyuges de los funcionarios.

También se requerirán como parte de este capítulo los antecedentes laborales de los funcionarios. Se busca además reforzar el mecanismo sancionatorio para que sea más rígido el sistema de retención del 20% del salario de aquellos funcionarios que no cumplan con la presentación en tiempo y forma de la entrega de declaraciones de bienes. Sobre este punto también se buscará revisar el sistema de presentaciones públicas de esta documentación al menos dos y hasta tres veces al año.

Se busca asimismo extender al Poder Judicial y al Congreso el régimen de regalos y obsequios que hoy tienen los funcionarios del gobierno. Aquellos regalos de más de 8.000 pesos que reciba un juez o un legislador deberá serían entregados a un organismo de patrimonio estatal.

Por otro lado, en el proyecto que prepara sigilosamente la Oficina Anticorrupción con diputados de la oposición se está armando un nuevo régimen de conflictos de intereses, clarificando los supuestos de conflictos de intereses e incorporando un capítulo de regulación de la tenencia accionaria, que hoy no existe.

Este tema resulta central para la oposición si se tiene en cuenta la polémica que se desató con el acuerdo entre el gobierno nacional y el Correo Argentino sobre la deuda que la compañía tiene con el Estado. Para emparchar este conflicto el Presidente firmó dos decretos que establecen que el Estado sea "patrocinado en forma directa por la Procuración del Tesoro de la Nación" en los casos en que el Presidente, su vice o cualquiera de sus ministros estén implicados. Además, el decreto 202/2017 estableció el "procedimiento" de los organismos para la gestión pública en las contrataciones estatales, con el fin de promover "la adopción de normas dirigidas a la preservación de la integridad en la función pública y de sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de toma de decisiones".

Ahora la Oficina Anticorrupción, junto con una subcomisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, elabora un proyecto de ley para trasladar estos decretos a una nueva ley de ética pública.

"El político que no esté dispuesto a que sus cuentas, su vida y sus sociedades sean transparentes y puedan ser sometidas al control social y legal, es mejor que se dedique a otra cosa. No puede haber secreto fiscal ni de ningún tipo para los funcionarios públicos. El kirchnerismo destruyó las instituciones y también las reglas de la ética. Por eso hay que reformar la ley e incorporar más requisitos en las declaraciones juradas, para que toda la información esté allí y sea accesible y no pueda haber 'olvidos' de ningún tipo", dijo a Infobae la diputada de 1País, Margarita Stolbizer. La referente del GEN coordina con el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez y Banfi los avances técnicos del megaproyecto. Desde el kirchnerismo, la diputada Diana Conti avala la iniciativa con algunos reparos.

A fines del año pasado la Oficina Anticorrupción que dirige Alonso determinó que más de 3683 jerárquicos y ex jerárquicos de la administración nacional no habían presentado su declaración jurada de bienes. Por la falta del trámite, al menos 93 personas fueron sancionadas con la retención del 20% de su sueldo. La idea del gobierno es apuntalar este mecanismo de control y sanción para la ley de ética.

Por otra parte, se buscaría incorporar a la ley de ética pública un mayor rigor para funcionarios de entes autárquicos del Estado y eventualmente sumar a los jefes sindicales para que también presenten sus declaraciones de bienes. En este polémico punto se está trabajando sobre un proyecto de ley de Elisa Carrió y Sánchez que obliga a los jefes de los gremios a dar a conocer sus bienes y a transparentar el manejo de fondos de las obras sociales que utilizan con dinero del Estado.

La idea del Gobierno, de la Oficina Anticorrupción y de los miembros de la subcomisión de Asuntos Constitucionales es emitir dictamen antes de las elecciones de octubre para dejar sentado el debate en el recinto después de la compulsa electoral.