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Comenzó juicio por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública de Curuzú
Miércoles, 14 de septiembre de 2016
Citarían a declarar al Intendente de Curuzú Cuatiá en el Tribunal Oral de Mercedes. Es por un caso resonante de Curuzú. El lunes iniciaron juicio por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.



El TOP de Mercedes, inició el lunes un juicio por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública contra un ex director de Vialidad y Secretario de Obras Públicas de Curuzú Cuatiá.

El Tribunal integrado por los doctores Juan Manuel Muschietti, Raúl Adolfo Silvero y Jorge Alberto Troncoso dieron inicio este martes al juicio por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 CPA).

Los imputados son Ramón de Jesús Ortiz, Jacinta Eufemia Márquez; Rubén Ernesto Barbayani y Ricardo Ulises Gentilini.

Según los hechos descriptos por la Acusación Fiscal Ortiz cumplía funciones de Director de Vialidad y Secretario de Obras Públicas en la Municipalidad de Curuzú Cuatiá, en el período comprendido entre el 11 de diciembre del año 2.005 y el 15 de febrero del año 2.008 y se lo acusaba de haber certificado obras públicas cuyos montos fueron cobrados por su esposa Jacinta Eufemia Márquez y uno de ellos por él mismo.

Ello viola lo establecido por el art. 154 apartado d), de la Carta Orgánica Municipal de Curuzú Cuatiá, en cuanto prohíbe: “autorizar cualquier acto en asunto que tenga interés personal o en el que lo tengan sus parientes dentro del cuarto grado”.

Para realizar la maniobra habría contado también con la colaboración imprescindible de Barbayani y Gentilini, quienes le facilitaban las facturas para conformar el pago de trabajos realizados, y con la ayuda de su esposa quien retiraba los cheques, los cobraba o los negociaba.

Así, Barbayani, inscripto como Monotributista ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y Gentilini, por su lado, facilitaron a Ortiz, facturas para acreditar trabajos de construcciones y servicios prestados a la Municipalidad, los cuales habrían sido efectuados con maquinaria perteneciente a la familia Ortiz, o de otras personas que no reunían los requisitos legales.

En su carácter de funcionario municipal, Ortiz contrataba a los prestadores de servicios como Barbayani y Gentilini, quien facilitaba las facturas de su hermano, Juan Miguel Gentilini, certificaba el trabajo y enviaba esa factura conformada al sector contable de la Municipalidad para su correspondiente pago, proceso que finalizaba en el libramiento del cheque con la correspondiente orden de pago.

La causa ingresó al TOP el 27 de agosto del 2015 y la defensa oficial de Barbayani y Gentilini es ejercida por la doctora María Alicia Colombi de Jaime, mientras que la defensa de Marquez y Ortiz, por los doctores Marco Guglielmone y Luis A. Tripaldi. La Fiscalía del TOP está a cargo del doctor Juan Carlos Alegre.

Primer jornada

En primer término antes de la lectura de la pieza acusatoria ejerciendo la defensa técnica de los imputados Rubén Ernesto Barbayani y Ricardo Ulises Gentilini, la Dra. Alicia Colombi realizó la petición de la suspensión de juicio a prueba a favor de los mismos, ya que conforme a pieza acusatoria, los sres Ernesto Barbayani y Ricardo Ulises Gentilini fueron traídos a debate por el delito de negociaciones incompatibles en la función pública, por lo que consideró que sus defendidos nunca fueron funcionarios públicos, nunca ejercieron funciones públicas y nunca fueron designados en tal carácter.

La defensa solicitó la sustitución del trabajo comunitario debido a la edad del imputado Barbayani de 67 años quien solicitó reparar con una donación de $ 200 para la institución Panambi de Goya, ya sea de elementos de limpieza o lo que necesite se va a donar en efectivo.

Respecto a Ricardo Ulises Gentilini de 51 años de edad en la actualidad sigue trabajando en una gran empresa como supervisor por más de 20 años y en este momento está realizando trabajos en Saenz Peña en el tendido eléctrico en la provincia de Formosa. Ofreció sustituir las tareas comunitarias con reparación económica debido a las cargas horarias que tiene en su trabajo por lo que ofreció reparación económica a favor de la institución caritas de la ciudad de Mercedes por el monto de $ 1000 por mes por el plazo que el Tribunal considere.

En tanto la defensa el Dr. Tripaldi de la Sra. Jacinta Márquez solicitó al Tribunal la suspensión de juicio a prueba y ofreció vincularse a la reparación que los otros defendidos ofrecieron. Pidió colaborar con reparación y que esto vaya a la municipalidad de Curuzú, si así lo determina el Tribunal y ofreció como regla de conducta y en sustitución de la misma un aporte económico a la capilla San Cayetano de esa localidad por la suma de $ 500 mensuales y mientras dure el término que esta cámara establezca.

El Fiscal Juan Carlos Alegre, expresó “estamos hablando de un delito que está en cierta medida damnificada no solamente la municipalidad de la ciudad de Curuzú Cuatiá que fue afectada por el accionar de acuerdo a la acusación y la sociedad en este momento está pidiendo que los hechos por los cuales hayan intervenido funcionarios públicos sean esclarecidos”.

El Dr. Alegre se opuso al planteo de la Defensa ya que consideró que es una situación determinante para el Ministerio Fiscal para oponerse, ya que es una causa cuyo hecho por la ejecución tuvo lugar en el año 2005, una actividad reprochada en la acusación que se ha extendido hasta el año 2008 a través de una serie de actos dentro de los cuales cada uno de los procesados tuvo su papel. “Desmembrar esta situación lleva a este Ministerio a entender que la respuesta que hoy exige nuestra sociedad no se vulnere, acá no solamente se ha atentado contra una municipalidad sino también contra el pueblo” dijo durante su apreciación.

Luego de un cuarto intermedio el Tribunal entendió que es indispensable escuchar a la parte damnificada que en este caso es una persona jurídica publica, como lo es el municipio de la ciudad de Curuzú Cuatiá por lo consideró hacer un cuarto intermedio hasta el 20 de septiembre a las 8 horas para lo cual se librara un oficio al sr Intendente Municipal de la ciudad vecina, informándole de lo planteado y los montos ofrecidos y para que compadezca a la audiencia el mismo o en su efecto un apoderado con poder suficiente, para ser escuchado.




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