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Piden el embargo preventivo de 130 propiedades
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Viernes, 9 de septiembre de 2016
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Lo hicieron el fiscal Marijuán y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes. Alcanza a los procesados en la causa, entre ellos Lázaro y Martín Báez
El fiscal federal Guillermo Marijuán y la titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, Daniela Sodini, pidieron el embargo preventivo de 130 propiedades que fueron allanadas en la causa de la "ruta del dinero K" y que pertenecen a los procesados en el expediente, entre ellos Lázaro y Martín Báez.
Los fiscales le solicitaron al juez federal Sebastián Casanello el embargo preventivo de esos bienes que se suman a otros 70 sobre los que ya pesaba la misma medida. Se trata de los inmuebles que en junio pasado fueron allanados por Marijuán en el sur del país.
La decisión alcanza a propiedades, terrenos, autos, motos, embarcaciones y acciones que están a nombre de 13 personas y de 16 empresas.
El juez Sebastián Casanello (DyN) El juez Sebastián Casanello (DyN)
Las personas son aquellas que están procesadas por lavado de dinero en la causa: Lázaro y Martín Báez, Leandro Fariña, Federico Elaskar, Fabián Rossi, Walter Zanzot, Julio Mendoza, Claudio Bustos, Jorge Chueco, Daniel y Sebastián Pérez Gadín, Carlos Molinari y Néstor Ramos, quien se encuentra prófugo de la Justicia y no está procesado, a pesar de lo cual los fiscales entienden que la medida lo puede alcanzar.
La medida es para concretar los embargos que dictó el juez Casanello cuando procesó a los acusados. A los Báez el magistrado les aplicó un embargo de 800 millones de pesos a cada uno.
La entrada de Austral Construcciones (Walter Díaz) La entrada de Austral Construcciones (Walter Díaz)
Entre las empresas se encuentran Austral Construcciones, S.G.I., Kank y Costilla S.A., Valle Mitre S.A., entre otros.
"Resulta de gran importancia ordenar en esta instancia del proceso todas las medidas cautelares que estime conducentes a los efectos de asegurar los activos pasibles de decomiso y aquellos que resulten necesarios para segurar la pena pecuniaria y las costas del proceso, tanto de las personas físicas y jurídicas aquí señaladas", sostuvieron los fiscales.
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