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Citaron a declarar a una de las monjas del convento por posible encubrimiento
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Jueves, 14 de julio de 2016
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 Se trata de la hermana Inés, quien quedó comprometida tras la declaración de los policías. El juez Rafecas convocó además a la esposa del ex secretario y a dos hombres sospechados de ser sus testaferros
El papel de las monjas que recibieron a José López la noche en que llevó casi 9 millones de dólares al convento de General Rodríguez antes de ser detenido está en el ojo de la Justicia. Dos factores acrecentaron las sospechas: el video que se conoció en las últimas horas sobre cómo fue el ingreso y la palabra de los policías que llegaron al lugar tras ser alertados por un vecino.
El fiscal Federico Delgado requirió ayer que se cite a la hermana Celia Inés Aparicio, quien quedó registrada por las cámaras cuando ayudaba al ex funcionario a ingresar el dinero al convento. El juez Daniel Rafecas concretó hoy la citación. ¿El motivo? Posible encubrimiento.
Según el Centro de Información Judicial, el magistrado ordenó al Cuerpo Médico Forense examinen y determinen si Alba Martínez Fernández, otra de las monjas del convento, está en condiciones de enfrentar un proceso penal.
De manera complementaria, Rafecas citó a indagatoria a María Amalia Díaz, esposa de López. También a Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, ambos sindicados como testaferros del ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo. Los tres están imputados como partícipes necesarios en el delito de enriquecimiento ilícito sobre el acusado.
Cuando el fiscal Delgado pidió que el juez Rafecas cite a indagatoria a Galera y Gutiérrez señaló la coincidencia de los tres en la casa de Tigre que habitaba el ex funcionario detenido. El fiscal señaló que " quizá la frontera difusa entre los negocios privados y públicos de José López se condensa en su casa de fin de semana, situada en la calle Belgrano 1018, localidad de Dique Luján, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.
En ese lugar confluyen dos personajes clave que han acrecentado su fortuna por sus lazos estrechos con el Ministerio de Planificación Federal y la Secretaría de Obras Públicas: Andrés Enrique Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez, quienes junto a López conformaron un verdadero triángulo en el cual se confunden sus patrimonios.
Hasta mediados del año 2010, el terreno de la propiedad fue de Andrés Enrique Galera. Posteriormente, se lo vendió a Eduardo Ramón Gutiérrez. Pero todos esos movimientos no se compadecen con la realidad. El arquitecto Federico Curcio, quien dirigió el proyecto de ampliación y refacción de esa vivienda, refirió en declaración testimonial que su trabajo se prolongó desde el año 2009 hasta el 2011 y que la totalidad de los honorarios la abonó Andrés Galera, quien nunca utilizó la vivienda. Cosa que sí hizo José López junto a su esposa María Amalia Díaz. En lo que respecta a Eduardo Gutiérrez, nunca efectuó un solo pago pese a ser el "dueño" de la casa.
Estos vínculos permiten sospechar que Galera y Gutiérrez eran los propietarios aparentes de la casa de Dique Luján. Ello es tan así que cuando el Señor juez instructor inspeccionó la casa, el 5 de julio del corriente año, secuestró documentos que contenían el plan de reformas de gran magnitud realizado por Curcio. La paradoja, es que los inquilinos encararon una reforma digna de un propietario. López es el verdadero dueño.
Además, algunos elementos permiten sospechar que Andrés Enrique Galera habría operado como "contacto" en el Ministerio de Planificación para las licitaciones de obra pública direccionadas. Es decir, obtenía ilegalmente dinero, porque ofrecía en el mercado su cercanía a López, ya que esa cercanía la podía transformar en asignación de obras públicas a cambio de dinero.
Las presentaciones de los citados se darán en los primeros 5 días de agosto.
Además, el juez ordenó que López amplíe si indagatoria al imputársele que la casa de Dique Luján, donde vivía, formaría parte de su patrimonio a través de terceros y nunca fue declarada.
Rafecas dispuso asimismo habilitar las dos semanas de la feria judicial de invierno para continuar tramitando la causa, y de este modo adelantar la producción de diversas medidas de prueba relacionadas con estas imputaciones.
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