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CETUC y Miramar piden a Valdés continuidad de aportes al transporte
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Jueves, 13 de febrero de 2025
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A través de una nota las empresas concesionarias del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (SIMU) solicitaron al Mandatario que la Provincia retome el giro de fondos que se usan como compensación tarifaria, porque enfrentan serios desequilibrios.
La Cámara de Empresas de Transporte Urbano de Corrientes (CETUC) y la empresa Miramar Estrella UT, concesionarias del transporte público en la ciudad de Corrientes, presentaron una nota formal al gobernador Gustavo Valdés por la que solicitan la continuidad de los aportes provinciales destinados al sistema de transporte de pasajeros.
El pedido presentado el 11 de febrero se realiza en un contexto de desequilibrio financiero generado por la falta de transferencia de fondos, lo que ha impactado directamente en la operatividad del servicio.
Los empresarios también hicieron notar que la disminución progresiva y el faltante actual de esos fondos afecta el cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas, con sus empleados y sus proveedores.
La nota esta dirigida al Jefe del Gobierno con nota al ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, responsable de administrar los fondos de compensación tarifaria que aportaba la Provincia para sostener los niveles actuales de tarifas.
Según las empresas que prestan servicio en Capital, los aportes provinciales, que formaban parte de la ecuación económica del sistema, no han sido transferidos en los últimos meses.
Esta situación ha obligado a trasladar los costos a las tarifas, que actualmente superan la media nacional.
Como consecuencia, se ha registrado una caída en la cantidad de pasajeros que pagan tarifas planas y un aumento en aquellos que acceden a beneficios o gratuidades, lo que agrava aún más la situación financiera del sector.
De acuerdo con el Decreto 3363/23, a fines de 2023 se destinaban al sistema $249.099.665 de manera habitual, más un adicional de $250.000.000 para diciembre de 2023 y $200.000.000 para enero de 2024. Sin embargo, estos aportes fueron eliminados gradualmente durante el año pasado, lo que ha generado un impacto significativo en la sostenibilidad del servicio.
Además, las empresas han advertido que, a pesar de la reducción de los subsidios nacionales desde enero de 2024 y el persistente proceso inflacionario, no se han registrado aportes provinciales durante enero y lo que va de febrero.
Esta falta de recursos ha creado incertidumbre en el sector, ya que estos fondos son fundamentales para mantener la estructura de costos que dio origen a las tarifas vigentes, fijadas por la Municipalidad de Corrientes.
Ante este escenario, CETUC y Miramar han subrayado la urgencia de contar con definiciones claras por parte del Gobierno provincial para garantizar la continuidad del servicio y el sostenimiento de las fuentes de trabajo.
Asimismo, han solicitado la reapertura de la discusión tarifaria o la implementación de compensaciones que permitan equilibrar los costos operativos, incluyendo los nuevos salarios de los trabajadores.
La nota, firmada por Roberto Báez (h), representante de Miramar UT, y Javier Harfuch, secretario de CETUC, fue enviada con copia al ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini. En ella, las empresas concluyen con un llamado a la pronta resolución de esta situación, enfatizando la importancia de los aportes provinciales para mantener la calidad y regularidad del transporte público, un servicio esencial para los habitantes de la ciudad de Corrientes.
Este reclamo pone en evidencia la necesidad de un diálogo urgente entre el sector privado y el Gobierno provincial para evitar mayores afectaciones al servicio de transporte, que es vital para la movilidad de miles de correntinos.
La situación actual no solo amenaza la continuidad del servicio, sino también la estabilidad laboral de los trabajadores del sector y la calidad de vida de los usuarios que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios.
Contexto adicional: el transporte público en Corrientes enfrenta desafíos similares a los de otras provincias del país, donde la combinación de inflación, reducción de subsidios y falta de ajustes tarifarios han generado tensiones financieras en el sector. La resolución de este conflicto será clave para garantizar un servicio eficiente y accesible para la población.
Ajustes
La deserción del Estado nacional en el sostenimiento del Fondo de Compensación Tarifaria del transporte del interior provocó ajustes en las tarifas finales que pagan los usuarios. La desigualdad que genera que solo los clientes de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tengan el pasaje subsidiado obligó a las autoridades locales del interior a aprobar sucesivos aumentos y en el caso de Corrientes y Chaco esas tarifas están por encima de la media.
La Nación solo subsidia el transporte del AMBA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el sistema de transporte público continúa siendo sostenido en gran medida por subsidios nacionales. Actualmente, estos subsidios cubren el 72,5% del costo del pasaje de colectivo, lo que significa que los pasajeros solo deben abonar el 27,5% restante.
Este esquema de financiamiento ha permitido mantener los precios del transporte relativamente bajos para los usuarios de la capital federal.
Además, el Gobierno nacional ofrece la Tarifa Social Federal, que brinda un descuento del 55% en el costo del pasaje para aquellos que cuentan con la tarjeta SUBE, una medida destinada a hacer el transporte público más accesible para personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, en el interior del país la situación ha cambiado drásticamente. A partir de febrero de 2024, el Fondo Compensador al transporte público de pasajeros automotor urbano, que hasta ese momento ayudaba a subsidiar el costo de los boletos en diversas provincias, fue eliminado.
Esta medida ha generado un aumento generalizado en los precios de los pasajes de colectivos en todo el interior, lo que ha afectado a los usuarios, quienes deben enfrentar tarifas más altas para utilizar el transporte público.
Este ajuste en los precios refleja una creciente desigualdad en la distribución de los subsidios al transporte público entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, lo que genera preocupación en las provincias sobre el impacto en la accesibilidad y calidad del servicio de transporte para los ciudadanos fuera de la capital ya que se ven obligados a aumentar las tarifas.
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