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La violencia paramilitar y la represión policial ya dejan 351 muertos
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Miércoles, 11 de julio de 2018
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 Lo asegura la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Además, desde que estallaron las protestas contra el gobierno de Ortega el 18 de abril, hay 261 personas desaparecidas. El gobierno apenas reconoce 49 víctimas.
Al menos 351 nicaragüenses han muerto y 261 más están desaparecidos en la represión desatada por el Gobierno contra las protestas que comenzaron el pasado 18 de abril en el país, denunció la independiente Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). El régimen de Daniel Ortega solo reconoce 49 víctimas. Del total de muertos, 306 eran civiles, 28 formaban parte de grupos paramilitares que defienden al gobierno de Daniel Ortega, 16 eran policías y uno era miembro del Ejército, según detalló en una rueda de prensa el secretario general de la ANPDH, Álvaro Leiva, que leyó un informe preliminar de la organización.
Además, 2.100 personas han resultado heridas entre graves y leves y no tuvieron acceso a la atención médica oportuna del sistema de salud pública, de los cuales 51 han sufrido lesiones graves con daño permanente.
El informe tiene como corte la medianoche de este martes, mientras que el anterior reporte de la ANPDH, que analizaba hasta el 2 de julio, recogía una cifra de 309 muertos desde el 18 de abril.
Eso implica que, entre el 2 y el 10 de julio, 42 personas han fallecido en la represión de las protestas que comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia de Ortega, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Con todo, la Iglesia católica de Nicaragua decidió continuar de mediadora en el diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición, pese a la agresión que sufrieron el lunes tras la violenta irrupción de grupos progubernamentales en templos católicos.
“Hemos decidido seguir prestando el servicio que el gobierno nos pidió como mediadores y testigos del Diálogo Nacional. Con el mismo entusiasmo y la misma entrega. Próximamente llamaremos a las sesiones plenarias”, anunció el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
En su informe, Alvaro Leiva aseguró que “el ejercicio de la función policial no se está haciendo de forma lícita por cuanto” los agentes no son identificables al llevar sus rostros ocultos “en el ejercicio de su función policial ante la ciudadanía”, lo que considera que “promueve actos ilícitos e impunes fuera del marco de la ley”.
Leiva también denunció que se han producido “operaciones fuera del marco de la ley de grupos armados paramilitares y de choques ejerciendo capturas, torturas, asesinatos atroces selectivos, allanamiento de moradas y daño a la propiedad privada y pública motivados por un fanatismo partidario”. Y aseguró que en Nicaragua existe “un estado de sitio no declarado” que ha sido “provocado por operaciones fuera del marco de la ley” de los grupos paramilitares y de choque que están “dirigidos por grupos afines a la ideología partidaria del Gobierno de turno”.
El informe también recoge que ha habido un “uso desmedido y desproporcionado de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales del Gobierno del Estado de Nicaragua” que incluye “la utilización de armas de guerra y especialistas francotiradores contra la ciudadanía” en las protestas. Finalmente, Leiva aseguró que se están utilizando algunas sedes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como “centro de torturas”, según les comentaron familiares de detenidos y las propias víctimas.
Paralelamente a ese informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aumentó a 264 el número de muertes al informar al consejo permanente de la OEA sobre la situación en Nicaragua.
“De conformidad con el registro de la CIDH desde el comienzo de la represión de las protestas sociales, hasta la fecha 264 personas habrían perdido la vida y más de 1.800 habrían resultado heridas”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao en Washington. En su informe, Abrao dijo que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI, creado por la CIDH en Managua el 24 de junio con el fin de aplicar sus recomendaciones para terminar con la violencia), sumó 52 fallecidos y múltiples heridos “en el contexto de represión actual”.
El Gobierno de Ortega, en tanto, calificó de “actos terroristas” las protestas que se suceden desde el 18 de abril en Nicaragua y, ante el consejo permanente de la OEA, en Washington, aseguró que tienen el objetivo de derrocar al Ejecutivo.
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