Inhibieron los bienes de Carlos Liuzzi, el segundo de Zannini durante el kirchnerismo

Miércoles, 11 de octubre de 2017

Está acusado de enriquecimiento ilícito. La medida también afecta a su mujer

Carlos Liuzzi, la mano derecha de Carlos Zannini durante doce años, no podrá vender sus bienes hasta que se aclare su situación judicial. A pedido de la Oficina Anticorrupción, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le decretó hoy la inhibición general de bienes, una medida que busca preservar el patrimonio del ex funcionario, acusado de enriquecimiento ilícito.

La causa lleva más de cinco años. Durante el kirchnerismo, dos jueces (Norberto Oyarbide y Luis Rodríguez) sobreseyeron a Liuzzi casi sin investigarlo, pero no lograron cerrar la investigación.

El ex subsecretario de Legal y Técnica se hizo rico durante su paso por la Casa Rosada. Aterrizó en 2003 con apenas $265.000 y se fue con dos departamentos lujosos en Puerto Madero, un spa en ese mismo barrio, campos en Mendoza y acciones de varias empresas. A fines de 2015, el patrimonio declarado totalizaba $8.940.611, muy lejos de los valores de mercado.

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Para la Oficina Anticorrupción, ya están probadas una serie de inconsistencias patrimoniales "que denotan un incremento injustificado del patrimonio de Liuzzi y su esposa", la abogada Thaiss del Corazón del Jesús Hidalgo. Y le pidió al juez que disponga medidas cautelares sobre su patrimonio, tal como había adelantado Infobae.

¿Cuáles son esas inconsistencias?

1) La compra de un departamento en Azucena Villaflor al 400, a la empresa Mulleris SA, por un valor de 808.000 dólares. La escritura se firmó en febrero de 2011. Para la Oficina Anticorrupción, Liuzzi no contaba en ese momento con los fondos suficientes. “La compra del inmueble fue por un valor de $3.272.400 pesos y de acuerdo a lo declarado por Liuzzi en el año 2010, éste sólo contaba con acreencias con la empresa Mulleris SA por un valor de $938.088 pesos”, concluyó la Oficina Anticorrupción.

2) La compra de un campo en Tupungato, en la provincia de Mendoza. Liuzzi tampoco logró acreditar que tuviera suficientes fondos para esa operación.

3) La compra de un departamento y cuatro cocheras a nombre de su esposa en Olga Cossettini 1112. Esa propiedad habría costado 330 mil dolares. Según la escritura, 220 mil dólares fueron abonados antes de la fecha de la escritura, y el resto el día de la compra, a través de una hipoteca con el Banco Nación. El primer dato sospechoso es que el vendedor fue Diego Martín Scotti, cuñado de Liuzzi (es el esposo de la hermana). Pero tampoco cierran los números.

La mujer de Liuzzi, echada de la Procuración del Tesoro durante la gestión de Cambiemos, intentó justificar 987.800 pesos abonados antes de la escritura, a través de un mutuo que acordó con el vendedor, y otros 591.700 a través de ingresos propios. Pero sus declaraciones juradas muestran que no tenía ese dinero. “Surge de la declaración jurada presentada ante la AFIP del año 2011 y de la DDJJ presentada ante la OA, que la Sra. Hidalgo sólo había declarado dinero en efectivo, por un valor de $200.000 pesos”, aseguró la Oficina Anticorrupción.

4) Liuzzi tampoco puede explicar cómo compró un segundo departamento en el edificio de Azucena Villaflor al 400. Esa operación se concretó en marzo de 2013, a un valor de $7.500.000 pesos. Para justificar el dinero, Liuzzi siempre dijo que había vendido el primer departamento, pero la operación nunca fue probada ante la Justicia. Tampoco pudo probar otros ingresos que habría utilizado para poder pagar el monto total. Su mujer, por ejemplo, habló de ingresos por honorarios profesionales. Pero nunca aparecieron las facturas.

Con esos datos, Martínez de Giorgi decidió avanzar y decretó la inhibición general del ex funcionario y su esposa, lo que les impide vender o gravar todos sus bienes. “Las medidas de naturaleza patrimonial que se adopten en el proceso penal deben encaminarse, entre otros aspectos, al aseguramiento de la futura exigencia que se consolide respecto del derecho que emerja a raíz de la conducta delictiva, como así también al decomiso de las cosas o ganancias relacionadas con el delito, en pos de impedir que se asegure el producto o provecho obtenido de manera ilícita”, sostuvo el magistrado en su resolución.

La medida incluye a las tres sociedades que integran: Sybella SRL (CUIT 30- 71339920-1), Desarrollo y Construcción SA (CUIT N° 30-71006085-8) y Tecnolife SA (CUIT 30-71293010-8).