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La fiscal venezolana acusa al gobierno por las muertes de manifestantes
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Jueves, 25 de mayo de 2017
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 Luisa Ortega dijo que hubo 52 civiles y sólo tres agentes muertos en dos meses de protestas. CARACAS.- A Luisa Ortega, fiscal general de Venezuela, le bastó una sola conferencia de prensa para pulverizar la propaganda oficial, que pretende acusar a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de las muertes violentas durante las protestas contra Nicolás Maduro.
Con datos, pericias e investigaciones, la jefa del Ministerio Público diseccionó los 54 días de protestas y represión. Comenzó con un resumen demoledor: 52 víctimas son civiles y tres militares o policías. El estudiante Augusto Puga luchaba por su vida tras recibir un balazo en la cabeza en la Universidad UDO de Ciudad Bolívar.
La fiscal detalló que 19 funcionarios de seguridad ya están imputados y que sobre 18 pesan órdenes de detención. Además abrió 16 investigaciones contra paramilitares, preocupada por la "proliferación de esos grupos", una de las herramientas de la revolución para contener las protestas, sobre todo en los sectores populares.
Los heridos y lesionados llegan al millar, 771 civiles y 229 agentes del orden. "Más de la mitad de los lesionados ha sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad. Preocupa cómo se ha exacerbado la violencia", enfatizó Ortega, militante de izquierda y ferviente defensora del legado de Hugo Chávez.
"Repudiamos la violencia venga de donde venga", aclaró la jefa del Ministerio Público, que también se pronunció contra el proceso constituyente impuesto a la fuerza por el gobierno sin el referéndum que marca la Constitución. Ortega se convirtió en la principal detractora de Maduro desde dentro de la revolución. Tanto es así que no dudó en afirmar que el descontento social es "producto de la severa crisis económica que ocasionan el desabastecimiento de alimentos y medicinas, y la inseguridad".
La fiscal también esclareció uno de los casos más emblemáticos de la rebelión iniciada en abril. Se trata del asesinato en Caracas del estudiante Juan Pernalete, de 20 años, que el gobierno usó para acusar a los opositores de "matarse entre ellos", pese a las investigaciones periodísticas y las afirmaciones de los testigos. La fiscal desmintió así al propio Maduro, que había acogido con entusiasmo la descabellada versión que sus ministros pusieron en circulación.
Pernalete murió por un "shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Fue impactado por un objeto como éste", aclaró Ortega al mostrar una bomba lacrimógena y añadir que fue "disparada por un guardia nacional". Nada que ver con el montaje bolivariano, repetido hasta la saciedad en sus medios, que aseguraba que uno de los compañeros de Pernalete acabó con su vida al dispararle con una pistola.
La fiscal dijo además que investigan siete casos por uso de justicia militar cuando corresponde la ordinaria. Hasta ahora, jueces militares encarcelaron a 161 civiles.
Ortega también consideró "dantesco" que manifestantes opositores prendieran fuego a un hombre al final de una manifestación celebrada el sábado en Caracas. Y consideró "vulgar los videos manipulados en beneficio de los grupos en pugna", en clara referencia al gobierno.
La reacción del gobierno no se hizo esperar. "El presidente extendió las funciones de la Comisión de la Verdad para atender la violencia política en 2017. Nada ni nadie podrá detener la verdad sobre los delitos de odio cometidos por factores políticos opositores", arengó la canciller Delcy Rodríguez, que adelantó que dicha investigación será entregada a la Asamblea Constituyente en julio.
Unos constituyentes a las órdenes de Maduro que pueden ordenar la destitución de la fiscal, cuyo mandato concluye en 2021, así como la supresión del Parlamento.
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