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Auditarán a los funcionarios públicos que actuaron desde 2001
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Martes, 14 de febrero de 2017
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 Lo dispuso el jefe de los abogados del Estado, Carlos Balbín. También abrió un sumario administrativo contra el director de jurídicos que firmó el acuerdo que fue objetado por una fiscal por abusivo
El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, ordenó este lunes el inicio de una auditoría sobre todos los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo que intervinieron desde 2001 hasta hoy en el juicio entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S.A., de la familia del presidente Mauricio Macri, por la deuda de la compañía.
Fuentes oficiales informaron a Infobae que Balbín –jefe de los abogados del Estado– firmó una resolución en la que también dispuso la apertura de un sumario administrativo sobre el director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, quien firmó el acuerdo con el Correo que fue objetado por la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, por abusivo y perjudicial para el interés público porque implica una condonación del 98,2% de la deuda de la empresa con el Estado.
"Encomiéndase a la Dirección Nacional de Auditoría de esta Procuración de Tesoro de a Nación la realización de una auditoría de la actuación de los representantes del Estado Nacional en los autos caratulados CORREO ARGENTINO S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO (Expte. N.º 94360/01) y sus Incidentes, en trámite por ante la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial!", sostiene la resolución de dos carillas a la que accedió este medio.
En la auditoría se analizará cómo fue la actuación de cada uno de los funcionarios que intervinieron en el juicio que el Estado le inició al Correo por la falta de pago desde 2001 del canon por la concesión que recibió el empresario Franco Macri, padre del Presidente de la Nación.
Por su parte, en el sumario se analizará la actuación del abogado Mocoroa que fue denunciado por la fiscal Boquín por una presunta intervención irregular en el proceso judicial por la falta de un nombramiento formal para actuar.
La PTN interviene a pedido del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien el viernes pasado presentó en el organismo un requerimiento para investigar la conducta de Mocoroa. Rodríguez también hizo una denuncia penal –son cinco las que hay presentadas– para que se investigue el acuerdo entre el Gobierno y el Correo.
El gobierno de Mauricio Macri, a través del Ministerio de Comunicaciones que conduce Oscar Aguad, llegó a un acuerdo con el Correo para pagar la deuda que tiene desde 2001.
El acuerdo consistió en el pago de 15 cuotas anuales (vence en el 2033) sobre el capital de la deuda con un interés del 7% anual.
La fiscal Boquín dictaminó para que la Cámara Comercial revoque ese acuerdo. "La propuesta a la que se prestó conformidad es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional", sostuvo en uno de los dictámenes que presentó la semana pasada.
Boquín señaló que el acuerdo implica una quita del 98, 2% de la deuda porque no se aplicaron los intereses sobre la deuda. Esa condonación alcanza los 4.227 millones de pesos. En esa línea, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación hizo un estudio en el que proyectó que a 2033 la quita de deuda es de 70.163 millones de pesos. Sobre ese estudio también hubo objeciones porque se hizo sobre un cálculo de inflación y de valor del dólar actual que se desconoce cuál será en los próximos años.
La fiscal también acusó al Correo de tener "una conducta contraria a la buena fe procesal" porque no informó que 15 días antes del acuerdo con el gobierno, la empresa presentó una demanda contra el estado por 2.300 millones de pesos por daños y perjuicios con un interés del 11 por ciento anual, superior al que aplicó para pagar la deuda.
El ministro Aguad defendió el acuerdo porque señaló que la ley de quiebras impide cobrar los intereses, pero la fiscal Boquín sostuvo que la norma habla de una "suspensión" de los intereses que luego sí se deben cobrar.
La Sala B de la Cámara Comercial tendrá que resolver si homologa el acuerdo entre el gobierno y el Correo o hace lugar al pedido de la fiscal y lo revoca. El caso puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Más allá de lo jurídico, desde la oposición y también en el oficialismo criticaron a Macri por un conflicto de intereses en el caso porque su gobierno interviene sobre una deuda que tiene su familia y directamente él.
El Correo es administrado por la empresa Sideco Americana, que es gestionada por Socma, de la familia Macri. Las acciones que Macri tenía en Socma se las cedió en 2009 a sus hijos.
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