Suman pruebas por presuntas anomalías en el manejo de recursos nacionales

Martes, 15 de noviembre de 2016

Por la denuncia de la Oficina Anticorrupción, ayer declararon un par de ediles en el Juzgado de Curuzú. Manifestaron estar sorprendidos porque en los dos últimos años el Ejecutivo recibió unos $45 millones.

A esto se sumó una publicación en un medio nacional que plantea supuestas irregularidades con cooperativas que debían ejecutar obras. La jefa comunal, tiempo atrás, refutó las acusaciones en su contra.

La Oficina de Anticorrupción presentó una denuncia contra la intendenta de Perugorría, Angelina Lesieux, por presuntas anomalías en la administración de fondos girados por el entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, José López. El caso está en el Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá, donde ayer precisamente declararon dos concejales como testigos. Pero además, en la misma jornada un diario nacional publicó más pruebas que demostrarían la existencia de presuntas anomalías en las cooperativas que estaban a cargo de la obra.
“Fui citado a declarar con el concejal Gonzalo Gómez”, contó el edil Dolores Ayala en diálogo con El Litoral. Ambos concurrieron ayer a los estrados judiciales en carácter de testigos. “Nos consultaron sí teníamos conocimiento que entre el 2014 y principios de este año, la intendenta retiró unos $45 millones de la sucursal Mercedes del Banco Nación”, comentaron. Al mismo tiempo aclararon que “la respuesta que dimos fue que no, sabíamos por cosas que decía en los medios que estaba recibiendo bastante dinero desde Nación pero no imaginamos que la suma sería tan elevada. Especialmente, porque recién están investigando y ese número podría crecer”.
Seguidamente, Ayala agregó que “es imposible que nosotros como concejales tengamos esos detalles porque los balances del 2014 lo aprobó el oficialismo aprovechando que nosotros estábamos en Capital por un planteo de conflicto de poderes. Y las rendiciones del 2015, directamente no las presentó al recinto”.
Otro de las consultas que le realizaron en el Juzgado, fue qué hicieron ellos como concejales ante las sospechas de presuntas anomalías. “Contestamos que presentamos pedidos de informes pero nunca nos respondieron”, aseveraron los concejales que ayer dieron su testimonio en el marco de la investigación judicial que se inició por una denuncia de la Oficina Anticorrupción de la Nación. En este contexto, hace poco más de un mes, el Juzgado de Curuzú Cuatiá realizó allanamientos tanto en el edificio comunal como en casas particulares. Por su parte, la jefa comunal al ser convocada por el magistrado hizo uso de su derecho a abstenerse de declarar.

Lesieux
Después de los citados procedimientos, tal como informó este diario, la intendenta Angelina Lesieux expresó “estoy confiada en que tanto la Oficina Anticorrupción, que lidera Laura Alonso, como la auditoría que hizo la Nación corroborarán que los fondos para obras públicas los hemos manejado con absoluta transparencia. Mientras tanto, se encargan de ensuciar mi nombre y de cuestionar mi gestión”. A su vez, en esa oportunidad, reiteró que “antes de fin de año se estarán inaugurando las primeras obras y las casas -que entiendo que es la principal preocupación- se estarán entregando porque nosotros seguimos trabajando mientras muchos cuestionan y no atienden a las explicaciones que hemos dado respecto de las demoras en el avance de obras con el cambio de Gobierno nacional”.

Cooperativas
En tanto, ayer el diario Clarín publicó una nota bajo el título “Obra pública K: una red de cooperativas truchas complican a José López”, nota en la que hacen referencia precisamente a la comuna correntina. “Más pruebas aportadas por la Oficina Anticorrupción (OA) complican a José López denunciado por el envío de $14 millones para un plan de viviendas que nunca se construyó en la provincia de Corrientes. En esta oportunidad apuntan contra las cooperativas contratada por el municipio de Perugorría: doce de ellas comparten domicilio, facturaciones con absoluta informalidad y trabajos cobrados que no se realizaron. El paquete es parte la documentación incluida en la causa que investiga al ex secretario de Obras Públicas denunciado por más de $24 millones por manejos irregulares en diferentes obras públicas inconclusas”, detallaron en la publicación firmada por Lucía Salinas.
En otro párrafo, señala que “la cooperativa ‘Paso Tala LTD’ emitió un factura dirigida al municipio por $5.883.353 en noviembre de 2015, bajo el concepto de certificado N° 1 de Construcción de 40 viviendas a través del programa Techo Digno, pese a que supuestamente ya estaban concluidas las casas”.
“Sobre esta factura N° 39 de la cooperativa, la OA detectó que el domicilio de Paso Tala es “idéntico al domicilio de la sede de la misma Municipalidad -Colón 202- que le terminó pagando más de $5 millones. No sólo eso, sino que en el listado de cooperativas otras doce figuran con el mismo domicilio”, destacaron entre otros puntos en la nota del citado medio nacional. (Foto Clarín).