Ordenan continuar con la investigación sobre el origen de los fondos de la campaña K

Domingo, 30 de octubre de 2016

La causa busca determinar si miembros de la “mafia de los medicamentos” lavaron dinero a través de los aportes a la candidatura de Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se continúe investigando la procedencia de los aportes de campaña del Frente para la Victoria de 2007 por presunto lavado de dinero. Por mayoría, los camaristas tomaron esa resolución ante la posibilidad de que el financiamiento proselitista se haya canalizado a través de la denominada "mafia de los medicamentos".

La Sala I del tribunal, integrada por los jueces Ana María Figueroa (presidenta), Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, dispuso de la medida luego de rechazar una queja del imputado Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional, contra el pedido de revocatoria del sobreseimiento dictado en primera instancia.

En la causa se investiga una operatoria organizada de lavado de dinero que esta sospechada de tener un origen delictivo, que se concretó en la entrega, recepción y puesta en circulación de fondos aportados a la campaña presidencial encabezada por el binomio de Cristina Kirchner y Julio Cobos.

Según informaron fuentes judiciales, "la hipótesis es que se trataría de bienes procedentes de delitos", particularmente a la conocida como mafia de los medicamentos en la que estaban vinculados diferentes funcionarios kirchneristas.

Además de Diez, responsable económico y financiero del financiamiento proselitista de 2007, están imputados en la causa de lavado de dinero Héctor Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Brito, dueño de Global Pharmacy, y al ex legislador Sebastián Gramajo, otro de los responsables de la campaña presidencial.

Meses atrás, el juez federal Ariel Lijo procesó a Gramajo, Capaccioli, Brito y a los empresarios farmacéuticos Néstor Lorenzo, Carlos Torres y Solange Bellone (viuda de una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez) al entender que todos utilizaron las empresas Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp para blanquear una suma de 886 mil pesos, cuyo origen ilegal aún no ha sido establecido.

De acuerdo a la instrucción del magistrado, ninguna de las firmas estaba en condiciones económicas de hacer aportes para campañas electorales, y el mecanismo sirvió de pantalla para legalizar los ingresos.