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Brasil ordenó detener a Eduardo Bolsonaro y le canceló los pasaportes
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Viernes, 9 de octubre de 2026
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 La Justicia brasileña activó la orden de arresto contra el hijo de Jair Bolsonaro, condenado a más de cuatro años de prisión por coacción judicial.
El Tribunal Supremo de Brasil dispuso que Eduardo Bolsonaro comience a cumplir una pena de cuatro años y dos meses de prisión por coacción a la Justicia. La medida incluye la cancelación de sus pasaportes y se produce a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial que enfrentará a su hermano Flávio Bolsonaro con Luiz Inácio Lula da Silva.
La resolución fue adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes, responsable de la causa. Como los últimos recursos de la defensa fueron rechazados, la condena quedó firme y ya no admite nuevas apelaciones ordinarias.
Eduardo Bolsonaro vive actualmente en Estados Unidos. Por el momento, no se informó si las autoridades brasileñas iniciarán un procedimiento para solicitar su extradición.
Una condena firme y ocho años de inhabilitación política
La orden de arresto se apoya en la decisión judicial que impuso al exdiputado una pena de cuatro años y dos meses de cárcel. El fallo también establece una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ocho años, que se extiende hasta 2038.
Hace dos semanas, el Tribunal Supremo había rechazado por unanimidad la última apelación presentada por la defensa y confirmado el régimen inicial de cumplimiento de la condena, previsto como semiabierto.
Con la sentencia firme, Eduardo Bolsonaro quedó incorporado al registro de personas condenadas con órdenes de detención pendientes. La anulación de sus pasaportes constituye otra consecuencia de la resolución judicial.
El caso se originó en su campaña contra los jueces brasileños
La investigación está vinculada con las gestiones políticas y diplomáticas que Eduardo Bolsonaro impulsó desde Estados Unidos a comienzos de 2025. Tras dejar su banca en la Cámara de Diputados, sostuvo que existía una persecución política contra su familia y buscó apoyo de Washington frente a los procesos judiciales que involucraban a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
Aquellas gestiones tuvieron repercusiones en la relación entre Brasil y Estados Unidos. En julio de 2025, el Gobierno estadounidense sancionó a Alexandre de Moraes, al que acusó de cometer abusos judiciales. El entonces presidente Donald Trump también calificó el proceso contra Jair Bolsonaro como una “caza de brujas” y utilizó el caso como argumento para imponer aranceles del 50% a una parte de las importaciones brasileñas.
En ese contexto, Moraes había ordenado congelar las cuentas y los bienes de Eduardo Bolsonaro en julio de 2025, ante sospechas de que se utilizaban para financiar acciones destinadas a presionar al Gobierno de Lula.
La decisión llega en plena disputa presidencial
La orden de detención se conoce durante la campaña para el balotaje presidencial del 25 de octubre. Flávio Bolsonaro, senador y hermano del condenado, se medirá en las urnas con Lula da Silva, que busca la reelección.
De acuerdo con los resultados mencionados en el informe original, Flávio obtuvo el 47% de los votos en la primera vuelta, frente al 45% alcanzado por el actual mandatario. Eduardo participa activamente en la campaña de su hermano y había insinuado que podría aspirar al cargo de canciller si Flávio llega a la Presidencia.
Ese eventual nombramiento quedaría condicionado por la situación judicial del exdiputado, que enfrenta una condena firme y una orden de arresto pendiente.
Los antecedentes judiciales de la familia Bolsonaro
Eduardo fue condenado el 16 de junio de 2026 por la Primera Sala del Tribunal Supremo, cuyos cuatro integrantes votaron a favor de la sentencia. Su padre, Jair Bolsonaro, recibió en septiembre de 2025 una pena de 27 años y tres meses de prisión por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado posterior a las elecciones de 2022.
Además, Eduardo recibió en septiembre de 2026 otra condena de un año de prisión por difamar a la diputada Tabata Amaral. También fue destituido de su puesto como escribiente de la Policía Federal por abandono de cargo. El exdiputado sostiene que es víctima de persecución política y judicial.
Por ahora, el efecto inmediato de la nueva resolución está condicionado por su permanencia en Estados Unidos. La orden podría ejecutarse si regresa a Brasil, mientras que una eventual extradición dependerá de los pasos que decidan adoptar las autoridades. La evolución del caso también podría tener consecuencias políticas si su hermano gana el balotaje y considera incorporarlo a un futuro gobierno.
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